· El objetivo de los acuerdos es fomentar la formación especializada en derecho electoral
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su Escuela Judicial Electoral (EJE), firmó convenios de colaboración con la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), el Tribunal Electoral y el Congreso, ambos de dicha entidad, con el objetivo de fomentar la formación especializada de posgrado en derecho electoral, así como la profesionalización de las y los servidores públicos, además del alumnado y profesorado de la institución académica.
Con la firma de los convenios, por una parte, la comunidad académica de la UJED podrá participar en la Cátedra Tribunal Electoral y conocer temas de protección de los derechos político-electorales, entre otros; por otro lado, 20 funcionarios del Tribunal local cursarán la maestría en derecho electoral que imparte la EJE; y con el Congreso del estado se realizarán actividades de investigación, capacitación, impartición de posgrados y publicaciones conjuntas.
En el evento que se llevó a cabo en el Instituto de Bellas Artes de la UJED, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, destacó que la educación y la formación continua en derecho electoral son esenciales para asegurar una sociedad democrática justa y libre, además de que la Escuela Judicial ha capacitado a más de 500 mil personas en esta gestión. Aseguró que los horizontes compartidos deben ser una regla y no una excepción para permitir que entre instituciones con vocación democrática existan más puntos en común que diferencias y que todas tengan, no sólo la posibilidad, sino la obligación de tender puentes de comunicación, entendimiento y crear proyectos conjuntos que redunden en un mejor presente y futuro.
Puntualizó que los cambios que inminentemente sufrirá la materia electoral requerirán desaprender algunas cosas, aprender otras y, sobre todo, crear bajo el marco de nuestra Constitución un nuevo sistema electoral que mantenga el sentido y el impulso garantista y principialistas que ha tenido hasta ahora.
Por su parte, la directora de la EJE, Gabriela Ruvalcaba García, señaló que estos compromisos interinstitucionales representan un paso importante hacia el futuro de una cultura política y del respeto a la democracia y al Estado de derecho.
En su intervención, la magistrada Blanca Yadira Maldonado Ayala, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Durango, manifestó que gracias al acuerdo el personal del órgano jurisdiccional tendrá acceso a una formación académica, lo que permitirá garantizar a los duranguenses la impartición de justicia electoral basada en principios de imparcialidad y credibilidad en las instituciones y autoridades electorales. Por su parte, Rafael Mier Cisneros, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, celebró la firma del convenio, ya que este acercará al alumnado las herramientas para dialogar en torno a temas político-electorales a través de la Cátedra Tribunal Electoral.
En tanto, Alejandro Mojica Narváez, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, resaltó que el acuerdo con el TEPJF fortalecerá las capacidades de las servidoras y los servidores públicos del Congreso del estado. Mientras que Bernabé Aguilar Carrillo, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, sostuvo que el acuerdo contribuirá en el fortalecimiento de las funciones del Poder Legislativo; indicó que este vínculo dará la posibilidad para establecer las bases y mecanismos para coordinar la ejecución de diversas actividades en materia de capacitación enfocados a la protección de los derechos político-electorales y el trabajo parlamentario.
En el marco de la firma de los convenios, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata, ofreció, con motivo del inicio de la Cátedra Tribunal Electoral, una conferencia magistral, en la que analizó la sentencia SUP-REP-702/2022 emitida por el Tribunal Electoral, conocida como el “Caso Amlitos”. En su exposición hizo referencia a la denuncia en torno a la utilización de la imagen caricaturizada del presidente de la República como parte de la propaganda de un partido político durante un proceso electoral.
Al comentar el sustento jurídico a partir del cual se emitió la resolución de la sentencia, el magistrado recordó que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el uso de la imagen de los servidores públicos con fines electorales, así como los principios, también constitucionales, de neutralidad de los servidores públicos y equidad en la contienda electoral, por lo que esta sentencia, afirmó, únicamente reafirma esta prohibición y conserva los principios constitucionales al hacer extensiva esta restricción a todas las versiones de la imagen de los servidores públicos, como muñecos, caricaturas, retratos, siluetas con fines de propaganda electoral.
Finalmente, puntualizó cuáles son los alcances de la sentencia y precisó que, tal como lo establece el marco constitucional, la prohibición del uso de estas imágenes y sus representaciones se limita a los partidos políticos y candidatos, y al uso de estas como propaganda electoral y no así a su uso ciudadano. Las personas pueden utilizar y reproducir estas imágenes de forma particular, siempre y cuando no se utilicen para fines electorales, destacó.
