Los Dados de Dios
NIDIA MARIN
En picada va la credibilidad en México en todos los renglones, pero sobre todo en materia de seguridad pública y sus resultados. Los mexicanos en general ya no confían en lo que dicen las autoridades.
No importa de qué gobierno se trate. Nadie cree ya las presuntas acciones positivas, porque desde Palacio Nacional son más las mentiras que se divulgan y pocas las acciones a favor comprobables.
Y por lo regular, aunque paguen justos por pecadores, se considera que las cifras son arregladas a modo y se cree más en las instituciones con seriedad que se dedican a las diversas materias que tienen que ver con la seguridad pública de los mexicanos.
Las cifras que se otorgan son “arregladas a modo”, dicen por lo general las víctimas. Esos vicios, que no corrigen, ni el gobierno federal y mucho menos los estatales, se traducen en mayores gastos, pero también en mayores percepciones negativas.
Aunado a ello están los pírricos presupuestos, la corrupción galopante y la desviación de recursos para realizar demasiadas locuras en este sexenio del terror.
Y como escribiéramos alguna vez: es negativa la percepción ciudadana, porque hay falta de rigor en las estadísticas que expone el gobierno federal, por ejemplo, de tal manera que las cifras oficiales de las estadísticas bailan casi siempre a ritmo de vals cuando la realidad de este país es de rock pesado.
Hoy, ya nadie cree en los planteamientos oficiales. Con los cuatro años de gobierno la desconfianza se ha acrecentado. La incredulidad ya tiene fundamentos reales, por lo cual todo los actos o planteamientos gubernamentales están y estarán en tela de duda.
Y es que, actualmente, creemos más en los organismos especializados en diversas materias. Son los que nos dicen la verdad. Por ejemplo, World Justice Projet en su edición de 2021-2022 señala que hasta el año pasado (octubre) México ocupaba la posición 115 de 140 países en materia de justicia, retrocediendo dos posiciones comparado al año anterior.
Resalta la institución que entre las tendencias más importantes en el país, sobresale en aquella edición “…los retrocesos en el sistema de justicia civil y el debilitamiento de la ciudadanía y la prensa como contrapesos al poder, además de un estancamiento en la lucha anticorrupción”.
Pero añade: “No obstante, el país muestra fortalezas en materia de Gobierno Abierto, en el respeto a la ley en su transición de poder, así como la integridad de sus elecciones”.
HACIA ATRÁS,
TRISTEMENTE
Los retrocesos están en varias materias, como son: orden y seguridad (de 0.61 en 2016 a 0.52 en 2022). Además, se precisa que también, se observa un deterioro del sistema de justicia civil (de 0.44 en 2015 a 0.37 en 2018), “…y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales como la sociedad civil y la prensa (sub-factor 1.5), de 0.58 en 2015 a 0.48 en 2022”.
No es todo, porque: “A esto se suma un estancamiento en materia anticorrupción, con 0.26 y la posición 134. Su mejor posición y puntaje está en gobierno abierto (Factor 3), la 44 con 0.59. También, destacan sus fortalezas en la transición de poder conforme a la ley y la integridad de los procesos electorales (sub-factor 1.6), con 0.61 y la posición 72”.
La institución menciona también sobre nuestro país:
“Está en 97 en la efectividad de los contrapesos no gubernamentales (sub-factor 1.5), con 0.48. Este indicador se ha debilitado consistentemente desde 0.58 en 2015. Además, está en la posición 100 en la efectividad del judicial como contrapeso (sub-factor 1.2), con 0.41, una caída desde 0.47 en 2015.
“Se ubica en 108 en la efectividad del legislativo como contrapeso (sub-factor 1.1), con 0.47, con caídas constantes desde 0.60 en 2015. Su posición y puntaje más bajos son la 130 y 0.27 en sanciones a personas funcionarias públicas cuando abusan de sus funciones (sub-factor 1.4), el cual no ha tenido cambios substantivos desde su 0.29 en 2015. En cuanto a la corrupción en el Ejecutivo está en el sitio 124 de los países investigados”.
Está en 124 en ausencia de corrupción en el Ejecutivo. Aseguran en World Justice Projet:
“Este indicador se ha mantenido estancado desde su 0.33 que obtuvo en 2017-2018, después de una caída desde 0.40 en 2016. También, está en 125 y tiene 0.32 en ausencia de corrupción en la Policía y el Ejército (sub-factor 2.3), el cual no ha tenido cambios significativos desde su 0.31 en 2015.
“Se ubica en 128 en ausencia de corrupción en el Judicial (sub-factor 2.2), con 0.31, con caídas constantes desde 0.39 en 2015. Su posición y puntaje más bajos son la 129 y su 0.11 en ausencia de corrupción en el Legislativo (sub-factor 2.4), con caídas constantes desde 0.22 en 2015 y 2016”.
En lo que también estamos para llorar es en justicia penal. México está en el lugar 128, con 0.28, estancado desde 0.31 en 2015. Está en 73 en la ausencia de influencias indebidas en justicia penal (sub-factor 8.6), con 0.40, una mejora desde su punto más bajo de 0.36 en 2019, pero sin recuperar su 0.48 de 2015. Además, está en 112 en la garantía al debido proceso (sub-factor 8.7), con 0.35, con caídas desde su punto más alto de 0.43 en 2017-18.
Además… está en 120 en la efectividad del sistema penitenciario (sub-factor 8.3), con 0.22, el mismo puntaje de 2015. Se ubica en 126 en ausencia de corrupción en justicia penal (sub-factor 8.5), con 0.30, sin cambios substantivos desde 0.27 en 2015.
En fin, los resultados de la edición 2021-2022 del Índice de Estado de Derecho de World Justice Projet “muestran un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país. Este año, fueron más los estados que mostraron retrocesos que aquellos que mostraron avances. Este deterioro contrasta con los patrones observados en las ediciones anteriores y se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción”.
