Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a tres magistrados de un tribunal colegiado de proteger a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y uno de los más estrechos colaboradores del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, tras concederle un amparo. Y señaló al Poder Judicial mexicano de evitar que individuos sujetos a procedimientos jurídicos y “que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero” sean incluidos en la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero.
Según el funcionario, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito evitó que se incluyera en la lista de personas bloqueadas a Cárdenas Palomino, a quien señaló de ser un “conocido delincuente”.
Esto ante el argumento de que el procedimiento de la UIF es nacional, y no es solicitado por un país extranjero, por lo que “carece de suficiente certeza” y de “seguridad jurídica”.
“Es una resolución definitiva e inatacable. No tenemos recurso”, reiteró, al informar que los impartidores de justicia desecharon un recurso presentado por la UIF y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, denunció que dicho tribunal estuvo integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, así como María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Explicó que estar en dicha lista implica no solo el bloqueo de sus cuentas, sino que impide el acceso al sistema financiero, limitando acciones como cobro de cheques, compra de valores y monedas extranjeras, entre otros.
Gómez explicó que el Máximo Tribunal resolvió un amparo, con lo que se generó una tesis que establece que el procedimiento de bloqueo que se realiza de acuerdo con la ley, “carece de certeza y de seguridad jurídica”.
Sin embargo, se contempla una excepción: cuando una entidad extranjera solicita al gobierno mexicano el bloqueo.
El titular de la UIF calificó el criterio de ser “malinchista”, “antinacional e inconstitucional” y de “convalidar actividades ilícitas” y “proteger” a criminales de la delincuencia organizada y “corruptos”.
“Este no es un problema de colaboración entre poderes. Este es un problema de otro orden”, advirtió.
Asimismo, reiteró que la medida permite que “personas que están siendo protegidas” por jueces queden en impunidad. “Al momento que se impide que el Gobierno pueda utilizar los datos obtenidos del sistema financiero, los está dejando “en la completa impunidad”, declaró.
Sin embargo, aclaró que para judicializar sobre el delito de lavado de dinero, se requiere forzosamente de la denuncia de la UIF, según del Código Penal Federal en su artículo 400 D.
Por último, añadió que el ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal contaba con un bloqueo a una cuenta que contenía 5 millones y medio de pesos, pero este tuvo que ser retirado tras la sentencia de un juez.
