*Y hay un Salto al Pasado: Gobernación Controlará el Padrón Electoral
*Mientras las Controversias Constitucionales se Siguen Acumulando
*Abierta la Puerta Para que Servidores Públicos, Participen en Precampañas y Campañas
*El INE fue Mutilado y no Podrá Expedir Reglamentos e Imponer Multas
*Tampoco Cancelar Candidaturas y Otras Acciones Ilegales Aprobadas por el Consejo General
JESÚS MICHEL NARVÁEZ
Probablemente el periodo ordinario del Congreso de la Unión que inicia mañana, será uno de los más complicados para el partido oficialista y sus adláteres y para las oposiciones que muestran músculo en algunos temas y debilidad y división en otros.
Las dos Cámaras que conforman el Poder Legislativo Federal tienen que resolver asuntos que, más que a la sociedad y los ciudadanos, le interesan al presidente de la República en aras de controlar el proceso electoral del año 2024, en el que se elegirá a su sucesor y al mismo tiempo a 9 gobernadores en el país, incluida la Ciudad de México en donde los bonos de Morena y del Jefe del Ejecutivo Federal no son los mejores.
Con parte del aparato electoral a su servicio, el Gobierno federal promovió un salto al pasado en el que las elecciones de todo tipo las controlaba a través de la Secretaría de Gobernación. El Padrón Electoral pasará a sus manos, el INE se debilitará y se convertirá en una maquinaria a la que harán falta piezas para funcionar correctamente y no ser intubado por la emergencia; además, el abuso del poder mediante la reforma a la Ley Federal de Medios permitirá a sus precandidatos realizar eventos públicos, promoverse a través de diversos sistemas de propaganda sin correr el riesgo de ser sancionados.
Fundamental, la elección de 4 consejeros electorales para relevar a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña. Los nuevos tomarán posesión el 4 de abril, 37 días antes de terminar el periodo ordinario.
Además del tema electoral, cuya importancia política conlleva asegurar la victoria del partido oficialista en 2024, el Congreso de la Unión tendrá que resolver iniciativas sumamente espinosas que podrían sepultar instituciones como Conacyt. Están, además, otros, como la regulación del cannabis, la remuneración de salarios de funcionarios, creación de una Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento a las acciones de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad, son parte del trabajo que tienen pendientes y urgencia de aprobar o rechazar, los 628 legisladores federales.
EL ESCENARIO
ELECTORAL
Anunciada desde el mes de marzo de 2022, fue finalmente en septiembre cuando el presidente de la República envió la iniciativa de ley en materia electoral y en la que desaparecía instituciones, curules, escaños, ediles.
Proponía elecciones directas de consejeros y magistrados electorales y un sinfín de acciones que derribaban las edificaciones del sistema electoral mexicano que tardaron 33 años en construirse.
Sin embargo, el 6 de diciembre 2023 diputados de las oposiciones, del PAN, PRI, PRD que conforman la alianza Va por México y a la que se sumó MC, frenaron la iniciativa, aprobada en comisiones en fast-track, sin socializarse el documento de 900 páginas y sin cumplir los trámites legislativo que marca la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
El mismo 6 de septiembre, cuando fue enterrada la iniciativa, se presentó el llamado Plan B que, por supuesto, fue aprobado por Morena y aliados, quienes cuentan con la mayoría simple para dar luz verde a las iniciativas de reforma de leyes secundarias. Se repitió la historia de la Guardia Nacional: “reforma administrativa legal”. Sin embargo, las aprobadas en aquel entonces y ahora, han sido impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
En el paquete de leyes electorales reformadas, emerge la de la Ley General de Comunicación Social, obligatoria para los tres órdenes de gobierno y en la que, en el rubro de propaganda, se abre la puerta de par en par para que los servidores públicos, del rango que fuere, puedan participar en las precampañas y campañas sin ser objeto de sanción alguna. Antes de la reforma, el INE estaba facultado para cancelar el registro de candidatos y el ejemplo quedó escrito con Félix Salgado y Raúl Morón, precandidatos a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, y quienes incumplieron en la presentación de sus gastos.
Hoy al INE le cortan los dedos, las manos después y los muñones finalmente. Ya no podrá expedir reglamentos, imponer multas y cancelar candidaturas, entre muchas de las acciones ilegales conforme a las medidas aprobadas por el Consejo General.
En donde el presidente fracasó al modificar leyes reglamentarias, fue en un intento de vulnerar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que solamente será obligado a reducir el número de gestiones para presentar las quejas tanto de partidos políticos, como de personas interesadas en asuntos que les afectan.
Dos opciones tendrán las oposiciones y los órganos autónomos para impedir, o tratar de impedir, que las reformas se apliquen: controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte o el TEPJF.
El trabajo se multiplicará para los comicios federal y concurrentes de 2024.
La alianza Va por México, ya presentó ante la SCJN la controversia constitucional por la aprobación del paquete de leyes y fundamentalmente por dos acciones: el corte de alas al INE para no sancionar a quienes violen la Constitución y por la ley General de Comunicación Social.
EL PLAN B,
RENGUEA
En la reforma constitucional en materia electoral del Ejecutivo federal, se planteaba la eliminación de los diputados y senadores plurinominales. La Cámara de Diputados tendría solamente 300 legisladores electos de manera directa y el Senado se reduciría de 128 a 96. Este punto lo perdió.
La propuesta de derribar el sistema electoral comprendido en las acciones del INE y los OPL’s -organismos estatales responsables de elecciones, sanciones, organización etcétera-, fracasó. Sin embargo, la reducción de personal es un hecho y serán despedidos quienes tienen 30 años de preparación y son expertos electorales. Se estima que cerca de 6 mil de los 11 mil empleados pertenecientes al servicio profesional, dejarán de ser empleados.
Para quienes esperábamos los resultados preliminares de las elecciones -de todo tipo- a través del PREP, que revelaban las tendencias irreversibles, salvo irregularidades halladas el miércoles siguiente a la elección, conoceremos los finales la misma noche de los comicios. El PREP desaparece.
Todos los que contamos con credencial de elector, entregamos nuestros datos personales al IFE primero y al INE después. La institución cuenta con la base de datos más grande del país y es resguardada en cajas de seguridad que solamente conocen algunos de los consejeros, el director del Registro Nacional de Electores y funcionarios de alto rango en el instituto. A partir de las próximas elecciones el Padrón estará en manos del Gobierno. Conocerá todos los defectos y virtudes de 96 millones de ciudadanos. Tendrá la geolocalización inmediata y podrá usarla para actos no precisamente electorales. Ante el fracaso por imponer la Cédula Única de Identificación -viejo proyecto-, porque la CURP no es confiable, el Padrón resolverá la laguna informativa para el Gobierno en turno… el actual.
En la iniciativa presidencial, se ratificaba el texto constitucional que obliga a los partidos políticos a obtener como mínimo el 3 por ciento de votos correspondientes a cualquiera de las 3 elecciones federales en que hayan participado. Buscaba impedir lo se conoce como “vida eterna” y que consiste en cuando se esté en alianza o coalición el que no alance el porcentaje reciba sufragios del que esté en primer lugar. Otro punto perdido. También pugnaba por el regreso a la Tesorería de la Federación los recursos no gastados en el año fiscal correspondiente. Fracasó. Buscaba reducir el financiamiento a los partidos y que solamente se les otorgaran prerrogativas en tiempos de elecciones. Y fracasó.
Los partidos políticos le ganaron la partida. Y estaban el suyo y los de sus aliados.
Pero su Plan B, con todo y muletas, pronto se dejará sentir
LAS PRIORIDADES
DEL CONGRESO
Al inicio del segundo periodo ordinario de la LXY Legislatura, el trabajo prioritario obligará a duplicar esfuerzos para dictaminar en pro o en contra, con reformas o sin cambiar un punto y una coma, las iniciativas presidenciales y de los propios legisladores.
De los temas prioritarios que deberán abordar ambas cámaras sobresale la Creación de una Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento a las acciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad.
Una exigencia que tardó 50 días para implementarse, toda vez que el 8 de noviembre se votó crear la citada comisión bicameral y es momento en el que no se avanza. Le corresponderá al Senado de la República entrar de lleno al tema.
En el mismo tenor, se aprobó “un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, que no podrá ser inferior al incremento porcentual que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año y cuyos recursos no podrán ser utilizados para otro fin.
“El fondo se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa y hasta un 25% se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública”.
Sin embargo, en la aprobación del PEF para 2023, solamente se informó de que habrán de destinarse mil millones de pesos para el efecto y se comenzará a aplicar en el mes de abril. Del tema no se ha vuelto a decir nada.
Para la Cámara de Diputados hay diversos temas de importancia. La Sección Instructora, tiene en su poder un juicio de desafuero: el del diputado Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) y la Subcomisión de Examen Previo, el juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Aunque no se conoce la agenda, se estima que serán abordados en este periodo ordinario.
Otro asunto de suma relevancia es la iniciativa con proyecto de decreto enviada por el Ejecutivo federal que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación. En buen castellano, desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt. Después de cuatro años de cambios internos, persecución de investigadores, cancelación de becas a estudiantes en el extranjero, despido de personal, la directora del organismo María Elena Álvarez-Buylla Roces, logró que el presidente de la República autorizara modificaciones de gran calado, que han provocado reacciones encontradas.
Las iniciativas que reforma la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que incorpora los principios de racionalidad y oportunidad e incluye la capacitación de las fuerzas del orden, está en espera de ser subido al Pleno.
Ambas cámaras tienen agendado el tema de la Regulación del uso del Cannabis Psicoactivo, que culminaría con el proceso iniciado con la legalización.
Y para discutirse por tercera ocasión, se recibirá la nueva iniciativa para reducir los salarios de los servidores públicos y que nadie tenga uno mayor al del Presidente. El tema ha sido discutido, aprobado en el papel pero incumplido al otorgar la Suprema Corte de Justicia la razón a los funcionarios que buscaron el amparo y les fue concedido. Mantienen sus ingresos intactos ministros de la Corte, consejeros del INE, comisionados del INAI, de la Cofece y del Ifetel, entre otros.
Por trabajo, para dictaminar en pro o en contra y aprobar o rechazarlo en el Pleno, los 628 congresistas federales, no podrán quejarse.
