Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Es un galimatías que requiere una explicación. Lea usted la decisión del juez de control del Penal del Altiplano:
El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, impuso la prisión preventiva Ovidio Guzmán López, hasta que el gobierno de Estados Unidos formalice la petición de extradición y que tiene como límite el 5 de marzo. De no concretarla, el detenido quedará en libertad.
Es decir, si el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el de Estado no se apuran y realizan el trámite establecido en el convenio de extradición con México, el delincuente saldrá del Altiplano y seguirá su vida sin mayor preocupación.
¡Qué alguien lo explique!
En la mañanera de ayer, la secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, declaró que en México Ovidio Guzmán es señalado “inicialmente” por delitos contra la salud y crímenes relacionados con armas de fuego y que existen investigaciones de delincuencia organizada en contra del hijo de “El Chapo” y otras personas, asuntos independientes de los delitos que se le sumen derivado de la agresión contra fuerzas federales para tratar de evitar su detención.
A ver: dejarlo en libertad implica que de no concretarse la extradición ¿seguirá en prisión por los delitos mencionados por la coordinadora del gabinete se seguridad federal?
Las versiones que se han esparcido señalan que no hay orden de aprehensión en contra del cabecilla de “Los Menores”, desprendimiento del Cártel del Pacífico y ello necesariamente implica que no hay carpeta de investigación alguna y por tanto la Fiscalía General de la República no la ha solicitado a ningún juez.
Es decir, que los delitos que haya cometido en México: introducción ilegal de precursores para producir fentanilo, distribución y trasiego de cocaína y opio además de la devaluada marihuana, no se han perseguido ni por denuncia no por oficio.
Comienza a oler mal su detención.
Con la medida cautelar impuesta por el juez de control, se mantendrá en prisión menos de 90 días, salvo que puesto en libertad sea reaprehendido merced a que algún juez haya obsequiado la orden correspondiente después de ser solicitada por el ministerio público que, para ello, habrá integrado la carpeta de investigación que evaluará el juzgador.
No se entiende que una persona cuya “profesión” es delinquir y cometer acciones tipificadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no sea sujeta a investigación no obstante las acciones cometidas y de las que se tienen más que testimonios.
Es probable que, como se lo escribí en este mismo espacio ayer y sin regatearle nada a la Guardia Nacional ni al Ejército por la detención, a la hora de la verdad todo haya sido un montaje para demostrarle al presidente Joe Biden que en México se combate la criminalidad.
Como dijo Rodríguez: no se trata de ganar una guerra contra la delincuencia sino establecer la construcción de la paz, a lo mejor se nos quiere decir que se trata de “pas…pas… pas” de los balazos.
¡Qué alguien lo explique!
Los mexicanos tenemos derecho a saber si hay carpetas de investigación contra “El Ratón”, a quien se le atribuyen asesinatos y tortura, además de lo otro.
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