El TEPJF demostró este año ser una institución preparada para enfrentar exitosamente los retos que se le presenten y desempeñar con celeridad su encomienda en la impartición de justicia electoral.
Se continuará trabajando para generar mayor confianza en la ciudadanía, a partir del desarrollo de herramientas digitales que permitan la máxima publicidad y transparencia del quehacer jurisdiccional.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) refrenda su compromiso con la ciudadanía hacia la consolidación de la democracia en México, mediante la mejora constante de sus procesos internos con el objetivo de cumplir con la celeridad y transparencia que su compromiso constitucional requiere y garantizar el principio de acceso a la justicia electoral.
El TEPJF recibió, del 1 de enero al 28 de diciembre de 2022, 14 mil 134 medios de impugnación y resolvió el 97.36 por ciento de ellos. Es decir, 13 mil 764 impugnaciones se acumularon en 5 mil 523 sentencias.
Las sentencias fueron resueltas en un promedio de 9.7 días, considerando desde la fecha de recepción de las demandas hasta la emisión de sus sentencias.
Los temas más recurrentes en las sentencias del TEPJF fueron: 1) derechos de asociación y afiliación (31 por ciento); 2) violencia política de género (13 por ciento); y 3) actos de órganos electorales (10 por ciento). El 93.12 por ciento de los asuntos fueron votados por unanimidad y el 6.88 por ciento por mayoría del voto de las magistraturas.
Además, el Tribunal Electoral resolvió 6 mil 873 medios de impugnación relacionados con el proceso de revocación de mandato y 1 mil 857 relacionados con los procesos electorales locales de 2022, de los cuales el 40 por ciento se recibieron durante la etapa de actos de preparación. A partir de esas resoluciones, se declaró la validez de las elecciones de gubernatura en Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas y Oaxaca, de la elección del Congreso Local de Quintana Roo y de diversos ayuntamientos en Durango.
Comprometidos con la ciudadanía, el Tribunal Electoral resolvió 9 mil 472 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) representando el 68.82 por ciento de los casos resueltos, lo que implica que el trabajo del Tribunal se enfoca en poner al centro la defensa y protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En este sentido, los temas más recurrentes en las demandas de la ciudadanía fueron:
Derechos de asociación y afiliación (33 por ciento)
Actos de órganos electorales (16 por ciento)
Acceso y ejercicio al cargo (14 por ciento)
El TEPJF también emitió criterios jurisdiccionales claves en materia de integración de órganos parlamentarios, financiamiento de institutos locales y acciones afirmativas en materia de inclusión. Todas estas decisiones se emitieron de forma oportuna y resolvieron el problema jurídico planteado de manera imparcial y congruente, con el objetivo de fortalecer la línea jurisprudencial en materia político electoral.
Con los criterios jurisdiccionales emitidos se protegió el goce efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en apego a la normatividad nacional y a los estándares internacionales. Ejemplo de ello son las 314 sentencias emitidas en 2022 para salvaguardar los derechos de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Estas determinaciones atendieron, principalmente, los siguientes temas:
Violencia política de género (65 por ciento)
Derechos de pueblos y comunidades indígenas (22 por ciento)
Derechos de personas con discapacidad (5 por ciento)
En suma, el TEPJF mostró durante el año 2022 ser una institución con la capacidad para proteger los derechos político-electorales y resolver los conflictos que los justiciables le presenten, así como desempeñar con celeridad su encomienda en la impartición de justicia electoral.
Durante el año 2023, el Tribunal Electoral continuará trabajando para generar mayor confianza en la ciudadanía, a partir del desarrollo de una política de justicia abierta que incluya el uso herramientas digitales que permitan la máxima publicidad y transparencia del quehacer jurisdiccional y favorezcan la inclusión social.
