ALBERTO F. MENA MALLEN
“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, es la frase que utiliza del presidente López Obrador, -muy atractiva electoralmente-, para justificar la eliminación de recursos públicos en muchas áreas del gobierno federal, con el pretexto para disminuir la corrupción, misma que hasta la fecha no ha disminuido y generar ahorros que no se ven ante la opacidad de la información gubernamental.
Pero al rayar en la “pobreza franciscana”, ha ocasionado que muchos mexicanos mueran por diversos factores, como la falta de medicamentos, sobre todo a los niños con cáncer, quienes, al no tener sus tratamientos completos, mueren antes de terminarlos, o muchas personas que, al no tener para sus enfermedades, por carecer de medicinas buscan las consultas médicas privadas, muy costosas o prefieren la eutanasia que ello les ocasiona.
Los hogares de México dedicaron 50.7% del gasto de bolsillo a la adquisición de medicamentos; 14.8% al pago de consultas médicas; 14% a servicios hospitalarios y 5% a laboratorios, ambulancias y residencias de salud.
Los padres de los niños que no recibieron implantes cocleares y que estaban en riesgo de quedar sordos ante los problemas administrativos que enfrentan, recurrieron al amparo para que las autoridades de salud cumplan con sus obligaciones y se les opere.
La reducción de los recursos públicos federales son un camino para que diversas instituciones autónomas empiecen a tener problemas para su operación, como sucede con el INEGI y el INE, quienes han anunciado que no podrán cumplir con sus tareas por la reducción de sus presupuestos, que han sido desviados hacia las obras prioritarias de la actual administración pública y que permite que exista el riesgo de desaparecer.
Una de estas obras prioritarias del obradorismo ha sido el de las pensiones del Bienestar que absorberán el gasto público del 2023, ya que lo destinado para los programas estrella del gobierno de AMLO, crecerán en promedio 7.3 por ciento, mientras que para las pensiones del bienestar lo harán en un 27.5 por ciento, porcentajes estimados por la Secretaría de Hacienda.
Del presupuesto destinado a 19 programas prioritarios, el de pensiones representa el 38%; casi cuatro de cada 10 pesos que se destinarán a este presupuesto se irán a Adultos Mayores, programa que requerirá de más presupuesto ya que cada año se incrementarán las pensiones a los viejitos. Proyecciones del CIEP estiman que se requerirá de un presupuesto equivalente a 1.9% del PIB para que en 2024 puedan atenderse a 12 millones de adultos mayores de 65 años en el país.
Esto implica que el gasto total en pensiones contributivas (IMSS e ISSSTE) y no contributivas (Pensión del Bienestar) se ubicará en 6.5% del PIB, lo que representa importantes retos en cuanto al financiamiento y a la distribución de recursos públicos, que en el contexto tras la crisis de COVID limita que se redirijan recursos al sector salud o educación.
Para atender la primera infancia y la niñez los recursos se ven reducidos para el siguiente año, “una población que se ha visto seriamente afectada por el cierre de escuelas, lo que hacía mediano y largo plazos puede ser perjudicial para la economía”, pero el gobierno desconoce o no le importa que el gasto en inversión es más redituable para impulsar la economía a diferencia de apoyos en efectivo.
Otro ejemplo de la mala administración, se da con los médicos de seis hospitales de Pemex, quienes se fueron a paro debido a que sólo les entregaron dos mil quinientos pesos de aguinaldo, en vez de los diez mil que esperaban, con el argumento de que dicha cantidad se las entregaron en parcialidades durante el año, con el pretexto de que se pagaran menos impuestos, lo que ocasionó entre los galenos de que fueran engañados por las autoridades.
Además, las tres obras emblemáticas, el aeropuerto Felipe Ángeles, donde, según el mandatario se erogaron 75 mil millones de pesos, pero que investigaciones han detectado que dicha cifra se duplicó, la refinería de Dos Bocas, que fue parcialmente inaugurada, -para la foto-, y el tren Maya, que se construye sin planeación adecuada y que destruye la ecología de la península de Yucatán, al no considerar los cenotes, muchos de ellos se destruirán y afectará las reservas de agua.
Para el próximo año, habrá más recursos para estas tareas que son prioritarias para López Obrador, mientras que programas importantes como los relacionados a la salud, sus recursos crecerán lo mínimo, con lo que no se toma en cuenta el crecimiento poblacional ordinario y la saturación, por no canalizar recursos públicos, a las diversas dependencias de salud públicas.
Hay ejemplos, como el de que pacientes que tienen problemas de salud crónicos que no son atendidos por el Seguro Social (IMSS), ya que argumentan que no hay agendas para las citas correspondientes o de que faltan especialistas, por lo que posponen durante meses, si no es que, por años la atención a los mismos, los que tienen que acudir a la medicina privada que engulle recursos familiares que hace que las familias pasen de una pobreza ligera, a una extrema.
Con sus acostumbrados argumentos, de medias mentiras y verdades, el presidente reitera que sus ahorros se deben al buen manejo de la economía, y a sus programas implementados por dicha austeridad, como la desaparición de las guardias presidenciales, que compradas con la actual área que lo cuida, de 15 elementos han permitido un ahorro de más de 3 mil millones de pesos.
El mandatario anunció que hará nuevos recortes para generar más ahorros y pretende adelgazar la burocracia lo que podría contraer riesgos como afectar la operación de la administración pública, pero también atentar una vez más contra los órganos autónomos, coinciden expertos. Hacienda señaló que cuidará no afectar a la administración pública.
¿Destruirá más a México? Al parecer va paso a paso y AMLO no lo ve, por el contrario, él afirma que todo va muy bien y por ello estamos todos felices, muy felices.
fermallen@gmail.com
