*Ampliar Plazo Para Importación Maíz Amarillo
*El Cambio, Buscar Respuestas en Energía
*Buenrostro Puso en la Mesa las Propuestas
Joel Armendáriz
Cumplidos los plazos formales para llegar a acuerdos y evitar la instalación de paneles de solución de controversias, México ha propuesto ampliar el plazo de importación de maíz amarillo a cambio de mantener su política energética, que orilló Estados Unidos y Canadá solicitar las reuniones entre altos representantes para tratar de solventar las violaciones que se han cometido y que violentan el T-MEC.
Fuentes allegadas a los países demandantes, confirmar que no hay forma de no cumplir con lo pactado en un acuerdo trilateral que se encuentra respaldado por las normas internacionales.
Desde que Tatiana Clouthier tomó la responsabilidad de dialogar con sus pares de Canadá y Estados Unidos en busca de una solución a los reclamos, se previó que el plazo de las consultas, 75 días calendarios, serían insuficientes para encontrar la salida adecuada, toda vez que la política fijada por el presidente de la República es impedir que sigan vigentes los contratos para la generación de energías limpias y la prospección y extracción de petróleo.
Estados Unidos y Canadá observan las afectaciones como una ruptura del T-MEC y por ello recurrieron a la solicitud de las consultas que, en principio, se estimó por las autoridades mexicanas como un intento fallido.
Sin embargo, se ha informado que la nueva titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, avanza en las negociaciones y éstas se darán a conocer alrededor del 15 de enero, después de la Cumbre de América del Norte que habrá de celebrarse en México y a la que acudirán el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes se reunirán con el presidente Andrés Manuel López.
Aunque se desconoce la agenda que tendrán los tres Jefes de Estado, se presume que el tema de las violaciones al T-MEC estarán en la mesa de las discusiones.
Hasta ahora, la postura presidencial de México es no revertir la decisión que generó la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha interpretado, erróneamente, que tiene la fuerza para desbancar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La postura de México es “salvaguardar” a la Comisión Federal de Electricidad y rezagar los envíos de energías limpias al sistema de transmisión de la empresa del Estado para, presuntamente, evitar las irregularidades que cometen los generadores privados.
Quienes obtuvieron concesiones sustentadas en la reforma energética de 2014 y las leyes secundarias que de ella emanaron, han recurrido a los amparos y la Justicia Federal los protege, hasta ahora, aunque los resultados para los inversos estadounidenses y canadienses no son del todo satisfactorios.
La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía ha aplicado normas y emitido reglamentos, que contravienen las decisiones de los jueves federales, especializados en competencia económica.
Ello llevó a los titulares comerciales de Estados Unidos, Katherine Tai y Mary Ng, ha establecer el diálogo con Clouthier y ahora con Buenrostro.
El pasado 14 de diciembre, la Secretaría de Economía, ya puso sobre la mesa -de manera oficial- una hoja de ruta con la que pretende una salida favorable para el país y para sus socios comerciales del T-MEC en las mesas de consulta solicitadas por Canadá y Estados Unidos respecto a la política energética mexicana.
Este documento, informó la dependencia, incluye un Plan de Trabajo que fue presentado a la representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y a la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, con el que se pretende dar una garantía a inversionistas extranjeros que quieran emprender en el país.
Se plantea la ruta que propone la SE comienza por conformar un equipo de trabajo técnico que permita despejar dudas, pero también fundamentar las decisiones que se han tomado en el sector energético. Posteriormente, se propuso establecer grupos de trabajo, comenzando, incluso, en este mes de diciembre y hasta enero de 2023 para tratar temas más específicos, como la situación legal de la Ley de la Industria Eléctrica, los amparos interpuestos por las empresas y la revisión de permisos para determinar su estatus y, de ser posible, agilizar su respuesta. Seguramente en unos días habrá respuesta oficial.
Todo apunta a que México buscará el “trueque” con una sola visión: no cambiar su política energética.
