La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de Perú anunció este viernes que prepara una denuncia contra la presidenta designada por el Congreso, Dina Boluarte, por homicidio calificado ante la veintena de muertos registrados en distintas regiones del país.
“Nosotros estamos documentando las pruebas. Ya no nos queda ninguna duda de que ella tiene la principal responsabilidad de los hechos ocurridos ayer en Ayacucho”, declaró a medios locales Gloria Cano, abogada de la Aprodeh, una organización no gubernamental (ONG).
El Gobierno de Boluarte declaró el miércoles pasado un estado de emergencia nacional y a partir de entonces al menos 10 personas perdieron la vida en enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas, en su mayoría en el departamento de Ayacucho, situado en el centro-sur del país.
Con ese saldo aumentó a unos 20 fallecidos por las protestas sociales que estallaron el pasado 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo, a quien se le ordenó una prisión preventiva de 18 meses mientras avanza un proceso judicial en su contra por presunta rebelión.
Cano manifestó que Boluarte puede decir que no estuvo al tanto de los primeros decesos en el marco de las protestas que piden la liberación y restitución de Castillo, “pero ya debió haber prevenido que las protestas en Ayacucho podían desencadenar algún tipo de acción como el que hemos visto el día de ayer (jueves)”.
“El hecho de sacar a las Fuerzas Armadas, el hecho de no advertir que no se utilizaran las armas de fuego, ya la convierten a ella en una responsable”, sostuvo la defensora de los derechos humanos.
Boluarte, quien era la vicemandataria del país, asumió la presidencia el pasado 7 de diciembre en reemplazo de Castillo, quien fue destituido por el Congreso por supuesta incapacidad moral.
Red humanitaria rechaza destitución de Castillo
Este viernes la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad manifestó su rechazo a la destitución del expresidente Castillo, lo que consideró como una acción hecha por “la dictadura parlamentaria peruana”.
En un comunicado, la ONG expresó que rechaza “la medida de destitución y prisión adoptada por una facción del Congreso del Perú en contra del Presidente electo, Pedro Castillo”. Asimismo, condenó su encarcelamiento.
La destitución de Castillo por parte del Congreso fue calificada por la Red como “un episodio más de una cadena de incidentes de ‘lawfare’ en los cuales una supuesta decisión jurídica es aplicada para deponer, inhabilitar políticamente o impedir la elección o reelección de un político progresista favorecido por el sufragio popular”.
Resaltó que “una de las medidas más eficaces contra tales medidas de mala praxis jurídica es la protesta popular, en oportunidades la única manera de hacer prevalecer la voluntad de las mayorías contra los atentados de minorías oligárquicas”. (telesurtv)
