- Comisión de Justicia avala reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de trabajo digno en Centros Penitenciarios y Reinserción Social.
En reunión de trabajo, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, informó que se tiene estimado que para el mes de enero de 2023, se tendría terminado el dictamen que contiene el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
“Se trata de uno de los estelares de esta Comisión, porque todos los tribunales lo esperan, así como los operadores jurídicos y queremos hacer un buen trabajo”.
Para el día de mañana, agregó, se espera concluir hasta el artículo 686 del proyecto de dictamen, y así se concluiría el Libro Sexto referente a los Juicios Universales, para posteriormente proceder a la revisión del Libro Séptimo, titulado de “Las Acciones Colectivas”.
Indicó que para la elaboración del Libro Séptimo se invitó a la Procuraduría Federal del Consumidor, “porque ellos tienen mucho camino andado en la promoción de acciones colectivas”.
Posteriormente, las y los integrantes de la Comisión, aprobaron un dictamen que reforma la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de trabajo digno en Centros Penitenciarios y Reinserción Social.
Dicho documento, tiene por objeto incorporar herramientas que beneficien a todas las personas que se encuentran recluidas y que cumplen alguna condena, a fin de constituir un aliciente en la aplicación del Sistema de Ejecución de Sanciones y en una reinserción social que permita garantizar los derechos fundamentales de la persona que cumplió con su sentencia.
El establecimiento de la industria y el trabajo penitenciario remunerado, se destaca en el dictamen, es un eje de reinserción y una herramienta fundamental para desarrollarse en sociedad, ya que se genera un plan de actividades para cada persona, donde pueden iniciar o concluir sus estudios, desarrollar alguna actividad artística, profesional o incluso capacitarse en algún oficio.
Para ello, la Autoridad Penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración para garantizar la certificación de la capacitación para el trabajo.
La Comisión también aprobó un dictamen que reforma la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, en materia de no discriminación en el acceso a cargos de juezas, jueces, magistradas y magistrados federales.
El documento precisa que se pretende incorporar un lenguaje incluyente, a fin de evitar la discriminación en el acceso a dichos cargos.
Lo anterior, debido a que resulta inaceptable mantener vigentes restricciones que son notoria y visiblemente violatorias de los derechos humanos, como el tutelado de igualdad y no discriminación. Sobre todo, en leyes secundarias que no encuentran ninguna justificación constitucional para otorgar un trato diferenciado entre mexicanos y mexicanas.
Por esta razón, Sánchez Cordero dijo que es necesario actualizar los marcos normativos vigentes, en virtud de que los mismos mantienen esquemas y concepciones propias del Siglo XX, con lo cual se excluye la posibilidad de aspirar a ejercer su profesión en ámbitos como la impartición de justicia a quienes han tenido la oportunidad de tener más de una nacionalidad.
