Sectores sociales denunciaron este martes la militarización del Perú ante el aumento de la movilización popular en favor de la liberación del expresidente Pedro Castillo y en reclamo del cierre del Congreso.
A partir de este martes, los militares intervendrán la red vial nacional y los principales puntos estratégicos del país, como son los aeropuertos y las centrales hidroeléctricas, según declaró en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
El funcionario indicó además que este miércoles se reunirá el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para acordar propuestas como la coordinación del Ministerio Público y las Fuerzas Armadas.
Con el despliegue militar, el gobierno interino busca retomar el control de las rutas en momentos en que, según el último reporte policial, hay cortes de carreteras en 14 de los 24 departamentos de Perú.
“Quiero comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional. vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país, para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la Constitución les garantiza”, explicó Otárola.
“En segundo lugar se ha dispuesto la inmediata protección a cargo de las Fuerzas Armadas de los puntos estratégicos, de los activos nacionales”, agregó.
“Estamos hablando de aeropuertos, centrales hidroeléctricas y todas aquellas infraestructuras que por su valor estratégico sirven para asegurar la vida, la subsistencia, de todos los peruanos”, detalló.
“Igualmente, hemos declarado en emergencia el día de hoy el departamento de Arequipa y (el) de Ica que se suma a la emergencia decretada en Andahuaylas, para que las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional puedan tomar el control del orden interno”, mencionó el funcionario.
Este martes se cumplió el quinto día consecutivo de protestas en Perú en medio del accionar represivo de la Policía. Las movilizaciones reclaman el cierre del Congreso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación de Castillo, quien se encuentra retenido en una prisión acusado por presunta rebelión.
El pasado 7 de diciembre Castillo, quien había comenzado su Gobierno en julio de 2021 para un periodo de cinco años, fue destituido por el Congreso que designó como mandataria a Dina Boluarte.
En principio, un juez peruano dictó siete días de detención preliminar contra Castillo, que se cumplen este miércoles.
Sin embargo, la Fiscalía anunció la noche del martes que ha solicitado al poder judicial 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, quien previo a su destitución declaró la disolución temporal del Congreso, convocó a elecciones para su renovación, decretó la instauración de un Gobierno de excepción y un toque de queda nacional.
En tanto, la Defensoría del Pueblo declaró oficialmente que suman seis los fallecidos por la represión policial y puntualizó que entre las víctimas se encuentran dos menores de edad.
En forma paralela, gremios agrarios, campesinos y organizaciones indígenas peruanos iniciaron un paro nacional en demanda del cierre del Legislativo y la convocatoria del proceso constituyente. (telesurtv)
