Los integrantes del Consejo General del del Instituto Nacional Electoral consideraron que la aprobación del plan B para modificar la estructura del órgano autónomo “produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral”, señalaron.
Preocupados por el resultado de las votaciones en el Congreso de la Unión para validar la propuesta presidencial, adelantaron que “el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto”.
Según el análisis de la reforma realizado por los consejeros, el plan B de AMLO pone en peligro la operación de los procesos electorales.
En conferencia de prensa, Lorenzo Córdova, en presencia de los otros 10 consejeros, leyó el pronunciamiento advirtiendo que estos cambios a la ley pueden afectar profundamente el sistema electoral que se ha construido en el país.
Plantearon que eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6 por ciento de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera.
Alertaron que su las Juntas desaparecerían con la reforma, pondría en riesgo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos.
Las juntas también monitorean todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, así como el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía.
Además, que las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos, además se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente, al ser aprobada la reforma serían despedidos.
“Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laboral”, indica el pronunciamiento.
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