TEMAS CENTRALES
Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Esta autoridad electoral, que tanto
enfada al jefe del Ejecutivo, es la
que organizó, supervisó y
calificó el proceso electoral que
lo llevó a la silla presidencial.
Buscar el cambio de las reglas del proceso electoral a sólo unos pocos meses de una elección presidencial no resulta ser lo más sensato ni conveniente para la estabilidad política del país ni mucho menos para el fortalecimiento de nuestra democracia que, en lo que va del milenio, ha demostrado avances notables con tres alternancias pacíficas en el poder, tras 71 años de control político de un partido hegemónico.
Desligar al gobierno de la organización, supervisión y calificación de los procesos electorales y encargarle esta tarea a un organismo autónomo e independiente del Gobierno Federal, permitió una mayor transparencia en los procesos e imparcialidad en la autoridad electoral. Recordamos que fue hasta la reforma electoral de 1996 que el Ejecutivo, a través del secretario de Gobernación, dejó de presidir al Instituto Federal Electoral, con lo que se fortaleció su autonomía y se acabó con la tentación oficial de una posible “caída del sistema”.
A partir de las elecciones intermedias de 1997, el PRI perdió, por primera vez en su historia, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. (En los comicios de 1988, había perdido la mayoría calificada). El tricolor también perdió, en esa elección, la mayoría calificada en el Senado y la elección para la jefatura de Gobierno del D.F. que por primera vez se llevaba a cabo. La transición democrática empezaba a ser una realidad con la participación de una institución autónoma (IFE) como garantía para la imparcialidad del proceso.
Tres años después, un candidato de oposición (PAN) ganaría, por primera vez en la historia moderna de México, la elección presidencial. La alternancia continuaría en 2012, con el triunfo del candidato presidencial del PRI y en 2018, con la victoria del postulado por Morena. En tres, de las últimas cuatro elecciones presidenciales, la oposición venció al candidato oficial, sin que se hubieran suscitado conflictos post electorales ni reclamos por la comisión de fraudes. En todos estos procesos no hubo queja sobre la actuación profesional o la imparcialidad de la autoridad electoral.
El recordatorio viene a cuento porque el presidente de la República ha dicho que su reforma busca cambiar las reglas del juego para acabar con un sistema corrupto, evitar que se cometan fraudes y que se garantice el voto ciudadano, como unos de sus principales objetivos. Lo que parece muy loable, sólo que, resultaría mejor denunciar los casos de corrupción, si es que existen, y someter a juicio a los presuntos responsables, para acabar con la impunidad. La generalización sin precisiones no ayuda a erradicar las malas prácticas.
Por lo que se refiere a la eliminación de fraudes electorales y violaciones al voto ciudadano, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido particularmente efectivo y es algo de lo que podría presumir. Hace ya varios años que estos temas dejaron de estar en la agenda de los pendientes electorales, porque ahora los votos cuentan y se cuentan. Sin negar que esporádicamente pudieran ocurrir en lugares apartados del país, no son ya tema que pongan en riesgo nuestro sistema democrático, al menos, por el momento. Por lo pronto, en lo que va del gobierno de la 4T, no hemos sabido de elecciones en las que se haya denunciado algún fraude electoral o haya surgido un conflicto post electoral.
Esta autoridad electoral, que tanto enfada al jefe del Ejecutivo, es la que organizó, supervisó y calificó el proceso electoral que lo llevó a la silla presidencial; que reconoció los triunfos de Morena en 22 elecciones para gobernador, y las de los senadores y diputados del Congreso de la Unión, que le permitió al partido en el Gobierno cómodas mayorías legislativas. El balance electoral para la 4T es muy favorable, pero en esto no se puede ignorar la participación del árbitro que es quien califica las elecciones y reconoce los triunfos de quienes obtienen la mayoría de votos.
En un informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las elecciones federales y locales del 6 de junio de 2021, en nuestro país, se señala que el INE no requiere de reformas profundas para seguir garantizando el ejercicio pleno del sufragio, por su experiencia y fortaleza en la administración de los comicios. Destaca la institucionalidad y profesionalismo del organismo y reconoce su importancia para la democracia mexicana. El informe observa que la principal amenaza en los procesos electorales es la violencia en contra de funcionarios públicos, candidatos y precandidatos.
Por otro lado, un comunicado emitido por la organización internacional Human Rights Watch, advierte que los cambios considerados, en la propuesta de reforma electoral de Palacio, no solo podrían socavar la independencia de las autoridades electorales, sino que pondrían en peligro la realización de comicios libres e imparciales en México. Apunta además que es una reforma regresiva, que contraviene estándares internacionales de derechos humanos e invita a los legisladores a votar en contra.
Pero a pesar de las críticas a su reforma, el presidente impondrá su voluntad. Seguramente tiene otros datos que le advierten del peligro que corre la 4T con un árbitro imparcial.
