Las diversas democracias en el mundo han tenido una aproximación y compromiso en la lucha histórica en favor de los derechos fundamentales
En el marco del evento “Control de convencionalidad: Un diálogo entre América y Europa”, se llevó a cabo el panel “La protección de los derechos humanos en América Latina y Europa: principio pro-persona en los procesos electorales”, que tuvo como objetivo conocer la interpretación armónica entre las constituciones y los tratados internacionales de las dos regiones, así como la obligatoriedad de los órganos jurisdiccionales electorales de garantizar la eficacia de los derechos humanos.
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, señaló que el control de convencionalidad es el eje rector de la función del juzgador, ya que los derechos fundamentales, desde la perspectiva del juez, deben estar por encima de cualquier otro interés público.
Sostuvo que las diversas democracias en el mundo han tenido una aproximación y compromiso en la lucha histórica en favor de los derechos fundamentales y del principio de la persona por encima de cualquier cosa, lo que ha derivado en la construcción de un andamiaje complejo para la protección de los derechos humanos que tiene un lado administrativo y otro jurisdiccional.
En ese sentido el magistrado Vargas Valdez aseguró que el TEPJF trabaja en la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, lo que termina convirtiéndose en una llave fundamental para que el ciudadano pueda ejercer otros derechos con total libertad, lo que significa vivir en un verdadero Estado democrático.
En el panel participaron también Ann Ravel, profesora de derecho de la Universidad de California en Berkeley; Anaya Úbeda de Torres, asesora jurídica senior, Departamento del Carta Social Europea, Consejo de Europa; Katherine Ellena, vicepresidenta de programas, Fundación Internacional para los Sistemas Electorales; y Carlos Ernesto Camargo Assis, defensor del Pueblo de la República de Colombia.
Las y los participantes reconocieron que México es un país que avanza —igual que otros en América Latina— en relación con los principios de derechos humanos que se establecen en la Constitución y las legislaciones, lo que refleja la representación de todas las personas.
