Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad pública, por lo menos hasta 2024, ya que la disposición que lo permite se amplió en septiembre hasta el año de 2028. Sin embargo, la ampliación será analizada posteriormente, toda vez que diputados de la oposición presentaron controversia constitucional.
El Pleno de la Corte avaló con mayoría de 8 votos a favor, con lo que declaró la validez del acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020, para disponer del Ejército, Marina y de la Fuerza Aérea Mexicanos para tareas de seguridad pública.
Durante la discusión, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señalo que no se está discutiendo la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores civiles, sino al camino para su salida, por lo que “no estamos frente a un caso de sobre militarización, estamos frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado, a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas”.
De hecho, durante sus intervenciones, los ministros de la Suprema Corte recordaron que desde la reforma constitucional de 2019 en la que se creó la Guardia Nacional, se agregó el artículo quinto transitorio que facultó al Ejecutivo federal a ampliar la utilización de los militares en labores de seguridad pública mientras el cuerpo policiaco se consolidaba.
Por ello, la ministra Margarita Ríos Farjat, ponente del asunto, señaló que el proyecto no analiza la validez ni la pertinencia de dicha reforma constitucional sino el acuerdo con el que el presidente ejecutó esa facultad conferida.
“No es el presente Acuerdo la fuente del ejército en las calles. Esa fue una decisión del Constituyente donde participó el Congreso de la Unión que, inclusive, ahora acude a la presente controversia constitucional alegando una invasión de competencias legislativas y que, se insiste, no está siendo evaluada en el presente mecanismo de control constitucional”, explicó.
“El proyecto propone considerar que el acuerdo impugnado no normaliza la militarización, ni constituye una medida que evidencie una renuncia a la formación de una Guardia Nacional, al ser únicamente un reflejo de lo que el constituyente dispuso en la propia Constitución Política del país”, añadió.
Por su parte, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, consideró que el acuerdo del Ejecutivo federal no violó las atribuciones de la Cámara de Diputados, además de que éste debe entender como una hoja de ruta para la salida de las Fuerzas Armadas de las calles.
Finalmente, expresó que la ausencia de un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas generó inseguridad e incertidumbre entre la ciudadanía.
