Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Al no haber desmentido ni corrección desde el púlpito presidencial, doy por cierta la información que publicó el pasado jueves el rotativo Reforma, y en el que da cuenta de las nuevas órdenes del huésped temporal de Palacio Nacional en el sentido de no acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la desincorporación en el catálogo inserto en el artículo 19 constitucional con la reforma de 2019 de los delitos de defraudación fiscal, factureros y contrabando, implica el desacato y la presencia de un presunto delito.
La información publicada por el influyente rotativo de México, apunta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó ayer (el día 25) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desobedecer los mandatos de los jueces, cuando se pretenda liberar a delincuentes en un «sabadazo».
Según la versión publicada, en la conferencia matutina, el Mandatario instruyó a los funcionarios para que se nieguen a acatar las resoluciones de los juzgadores y pidió que respondan, por escrito, a las órdenes de liberación, argumentando que tienen «otros datos» sobre los cargos o procesos contra los acusados y así evitar que salgan de prisión.
«Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que, si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez, diciéndole: no puedo, porque yo tengo otros datos y ¡que se aguanten!», soltó.
Más allá de las consideraciones personales del presidente de la República, lo que plantea es una ruptura de la SEPARACIÓN DE PODERES, cimiento principal de la construcción de un sistema de legalidad. No hablamos del ESTADO DE DERECHO, que para el responsable de la conducción del país, es un 0 a la izquierda. No analicemos la usurpación de funciones y el riesgo que representa para las libertades e independencia de los poderes de la Unión.
Si bien desde su arribo a Palacio Nacional logró cooptar legisladores federales y con ello de facto controlar el Poder Legislativo, sus intentonas por hacer lo propio con el Judicial han sido sonados fracasos.
Si los servidores públicos de cualquier rango, incluido el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se niegan a acatar una sentencia cuyas consecuencias no pueden ser recurridas ante ninguna otra autoridad, se niegan a acatar la desincorporación de los tres delitos para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, estarán en la línea roja que podría llevarlos al relevo de sus cargos.
La modificación de 9 de los ministros de la Corte, no impide que quienes hayan cometido los delitos hasta el pasado jueves incluidos en la prisión preventiva oficiosa, puedan ser detenidos mediante la figura de prisión preventiva justificada.
La orden presidencial, sustentada en la posesión de “otros datos” no obliga a un juez de control aceptar la petición que haría la fiscalía.
El fiscal que presenta la acusación está obligado a presentar las pruebas que justifiquen la petición de prisión preventiva. De no hacerlo, el juzgador tendrá la facultad, después de valorar las pruebas y las explicaciones orales, de conceder o no la medida.
Sin duda que la lluvia de amparos para aquellos detenidos en prisión preventiva justificada sin que esté sustentada sino concedida por presiones de los fiscales, que tendrán “otros datos” no del inculpado sino del juzgador, se convertirá en tormenta hasta alcanzar el rango de huracán.
La retahíla lanzada desde Palacio Nacional a la mañana siguiente de la sentencia de la Corte, conlleva una enorme carga de responsabilidad jurídica para el presidente y sus empleados que, si acatan las órdenes, podrían ser sujetos a la separación del cargo por ignorar una medida constitucional. Una instrucción presidencial verbal está por debajo de un decreto que, es inferior a una ley y no tiene alcance para superar la fuerza de la Constitución.
López está metiendo en un aprieto severo a quienes discutan con un juez en base a posesión de “otros datos” que, si son similares a los presidenciales, jamás podrán ser comprobados. Se trata de una argucia para ganar tiempo, poner en duda la verdad y desviar las responsabilidades.
Ahora sí: lo perdimos Houston.
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