El área de asuntos penales del ISSSTE comenzó un proceso para definir las acciones legales a emprender ante al incumplimiento del servicio de rayos X a los derechohabientes por parte de la empresa Imedic, nueva proveedora a la que la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, a cargo de Almendra Ortiz Genis, le asignó un contrato por adjudicación directa, sin contar con experiencia en el ramo. A la fecha, el servicio no se brinda en su totalidad en hospitales del país, según constató Organización Editorial Mexicana (OEM).
Arturo René Ávila López, jefe de Servicios de Asuntos Penales y Médico Legales del ISSSTE, envió un oficio el 16 de noviembre a la jefa de Servicios de Sistemas de Salud para emplazarla a informar en 48 horas el estado que guarda el cumplimiento del contrato otorgado a Imedic y si de lo anterior se desprende que hay incumplimiento, especificar en qué consiste y cuáles son las acciones tomadas.
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Esto, “con la finalidad de obtener datos precisos que nos permitan determinar las acciones legales que el ISSSTE deberá emprender por el incumplimiento por parte de la empresa Imedic S.A. de C.V. respecto del contrato celebrado con el instituto para la presentación del Servicio de gestión, almacenamiento y distribución de imágenes médicas de imagenología (radiología), endoscopía y anatomía patológica”, se precisa en el documento del cual El Sol de México posee una copia.
En el oficio fechado el 16 de noviembre de 2022, no se precisan qué acciones legales emprenderá el ISSSTE. Aunque la eventual demanda podría alcanzar a Almendra Ortiz Genis, directora Normativa de Administración y Finanzas del instituto y exintegrante de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su área estuvo a cargo de la adjudicación del contrato por 144 millones de pesos a Imedic, sin que procediera la excepción a la licitación, además de que se detectaron irregularidades y el incumplimiento del servicio.
Así se desprende del oficio OIC/00/637/21591/2022 del Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE enviado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y revisado por esta casa editorial, en el cual “se advierte la posible responsabilidad administrativa, civil, penal y económica, tanto para la empresa Imedic como para los servidores públicos en el tramo de responsabilidad que les corresponda”.
Dicho documento con corte al pasado 3 de octubre, también detalla que el incumplimiento de Imedic provocó el fallecimiento de nueve pacientes; además, 2 mil 573 derechohabientes estaban en condición “grave”, a 503 más les suspendieron sus cirugías, entre ellos personas con cáncer, y a más de mil les reprogramaron el servicio médico.
En total 57 mil 595 personas resultaron afectadas, 35 mil tenían retrasos en sus citas, 25 mil estaban en espera de un diagnóstico y a 40 mil pacientes no les dieron el servicio.
“La falta de prestación del servicio por parte de la empresa Imedic S.A. de C.V. —que usa domicilios fachada como lo informó esta casa editorial— en 31 unidades médicas”, quedó documentada con base en informes de los directores de los hospitales y las clínicas, así como visitas de supervisión aleatorias en unidades médicas.
El jefe de Servicios de Asuntos Penales y Médico Legales del ISSSTE recordó a la titular de Servicios de Sistema de Salud, Viridiana Ruiz, que el 7 de noviembre ya le habían requerido la información sobre el contrato otorgado a Imedic y las acciones tomadas, —como sanciones económicas o administrativas—, por lo cual advirtió que de no proporcionar los datos requeridos se reportará el caso al OIC, e incurría, además, en un delito.
De acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, a las y los servidores públicos que incurran en el delito de ejercicio ilícito de servicio público se les impondrá de uno a tres años de prisión y una multa de 30 a cien días.
En el último informe de nueve cuartillas sobre el estado que guarda el servicio de Imedic, también se detectó que al 3 de octubre persistía interrupción del servicio, la compañía no había instalado o conectado los equipos, no había servicio de internet, el personal médico que realizaba los estudios de laboratorio no tenía acceso al sistema y les impedía ver el historial médico, no había servicio de interpretación de los estudios, e incluso, los médicos tomaban fotografías de estudios y realizaban interpretaciones manuales.
