La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que detectó que una empresa de familiares de Jesús Murillo Karam fue beneficiada con licitaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que dirigía Gerardo Ruiz Esparza, entre 2013 y 2015 cuando se desempeñaba como procurador general de la República por lo que se habría configurado el delito de tráfico de influencias y lavado de dinero.
En una tarjeta informativa, la institución que encabeza Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que “en esas condiciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.
La tarjeta informativa detalla que tras un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) y mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, se pudo detectar que la empresa ligada al exprocurador obtuvo contratos de la SCT.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, concluye la tarjeta informativa de Unidad de Inteligencia Financiera.
El exfuncionario enfrenta imputaciones por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la justicia, por la construcción de la Verdad Histórica en el caso de Ayotzinapa, por lo cual se encuentra bajo proceso penal.
