TEMAS CENTRALES
Miguel Tirado Rasso
Con gran enjundia los de la 4T continúan en su propósito de acabar con el marco jurídico de todo lo que pueda significar un riesgo para la imposición de una transformación muy anunciada pero que, tras cuatro años de gobierno, poco se entiende y tiene al país varado, por decir lo menos. Ahora, y muy de acuerdo con los tiempos de sucesión anticipada, los legisladores de Morena decidieron apostar a una reforma electoral que, hasta hace algunos meses, parecía intransitable.
Y es que, hasta antes de que al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, le preocupara más la protección de su persona y sus bienes, que la defensa de los principios del partido que representa y de honrar los acuerdos políticos contraídos con el bloque opositor en el Congreso, la amenaza de una moratoria legislativa a modificaciones a la Constitución, planteada precisamente por los integrantes de la Alianza Va por México, PAN, PRI y PRD, hacía imposible una reforma constitucional. Morena y sus aliados, PVEM y PT, no suman los votos necesarios para una mayoría calificada, por lo que requieren de varios votos de la oposición.
Como el bloque opositor se aboyó, por el ablandamiento del dirigente del tricolor que fue “convencido” de apoyar la reforma constitucional que militariza la seguridad pública en el país hasta 2028, ya se discute en el Congreso otra reforma, la muy ansiada reforma electoral, cuyo objetivo principal es acabar con el Instituto Nacional Electoral (INE) y, de paso, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para sustituirlos por otras instituciones, 95 por ciento leales a la 4T, aunque su eficiencia solo sea del 5 por ciento. Claro está, que para esta reforma, Morena supone que cuenta con la complicidad del dirigente del tricolor, quien le tendría que aportar los votos de sus huestes para alcanzar la mayoría calificada.
El pecado de las autoridades actuales ha sido actuar con autonomía, conducir los procesos electorales con transparencia y eficiencia, tratar de aplicar la ley de la materia y procurar su observancia. Esto, no ha sido fácil, porque quiénes, en otros tiempos, promovieron cambios a la ley, exigiendo piso parejo, cuando eran oposición, ahora, en el poder, no están de acuerdo con las limitaciones que ellos mismos impulsaron y acusan a la autoridad electoral de ser parcial, de estar en connivencia con los partidos de oposición y “perseguir a sus corcholatas” (Mario Delgado, dixit).
Es de llamar la atención que entre los argumentos más socorridos por Morena para justificar la necesidad de desaparecer al INE, a como de lugar, es garantizar elecciones limpias y libres, “no queremos que continúe este sistema corrupto, antidemocrático que está en poder de los conservadores”, señaló el Presidente en una de sus mañaneras.
Pero resulta que desde que se creó esta institución y su antecesor el IFE, la alternancia democrática se volvió una realidad en nuestro país y los votos cuentan y se cuentan. En los últimos tres lustros, tres partidos políticos diferentes han ocupado el poder (PAN, 2000-2012; PRI, 2012-2018 y Morena, 2018-2024).
A nivel estatal, también se aceleró la alternancia y sólo dos entidades, Coahuila y Estado de México, siguen sin alternancia, bajo gobiernos priistas. Por lo que toca a los tiempos de la 4T, de las 23 elecciones para gobernador celebradas en los 4 años de este gobierno, 17 las ganó Morena, sin que se haya sabido de inconformidades graves o denuncias de fraude electoral de parte de algún partido político.
La iniciativa de Palacio, dice, pretender abaratar la democracia. Algo que puede resultar más costoso y ni siquiera a largo plazo. En el tema de salud, se buscó reducir el costo del abastecimiento de las medicinas y el resultado fue una escacez de medicamentos que hasta la fecha la sigue padeciendo el pueblo bueno y sabio y el resto del país.
Entre las principales propuestas de esta reforma están la desaparición del INE y la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ya sin la molesta autonomía; la reducción del número de consejeros electorales de 11 a 7; la elección de estos por votación popular, a partir de propuestas del Ejecutivo, del Congreso y de la SCJN; disminuir a 300 el número de diputados y a 96, el de senadores; reducir las prerrogativas de los partidos y suprimir los tribunales electorales locales.
Seguramente habrá consenso en algunos de estos temas, pero el paquete es una manzana envenenada y, al estilo de “no le cambien ni una coma a la iniciativa”, se puede ocasionar un grave daño a nuestra frágil democracia. Se advierte una intención del gobierno de tomar el control absoluto de los procesos electorales, al grito de que la cuarta transformación, llegó para quedarse. A fin de cuentas, quien no esté de acuerdo con esta proclama, merece el calificativo de traidor a la patria, de acuerdo a los términos de la muy particular democracia, al estilo 4T.
Noviembre de 2022.
