NIDIA MARIN
¿El Presidente logrará su objetivo? ¿Las elecciones de 2024 serán una nueva versión de la hegemonía de un partido sobre los demás?
Habremos de esperar para saberlo, pero todo indica que la intención de una nueva reforma electoral que se discutirá en el Congreso de la Unión está encaminada a fortalecer al partido en el poder y desde la cúpula gubernamental controlar los procesos de elecciones no sólo las federales, sino las locales.
Pareciera que una buena parte de la propuesta palaciega de hoy, tiene como fundamento, la que presentara Manuel Camacho Solís en 2004 cuando era diputado, por lo menos en lo que se refiere al alto costo del financiamiento electoral.
En el caso actual, las intenciones son aviesas, lo cual no conlleva alguna novedad, puesto que, de acuerdo a la historia respectiva a partir de la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se llevaron a cabo las reformas electorales de 1964, 1977, 1987, 1990, 1993 y 1996, las cuales, explican los estudiosos como Reyes Tepach Guerra, tuvieron como objetivo hacer a nuestro sistema político y de partido más competitivo, abierto y plural.
Nos enteramos, por ejemplo, que “…de 1964 a 1986 las diversas reformas electorales tuvieron un carácter progresivo aunque limitado, pues su finalidad era evitar que la oposición, cuya presencia contribuía a legitimar el peculiar sistema de partido hegemónico, desapareciera del escenario político, bien por extrema debilidad o por la falta de incentivos para continuar en la liza electoral…”.
Y he aquí que en dos ocasiones ello casi ocurrió. Narra como en 1958, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) retiró a sus seis diputados del Congreso -como protesta ante lo que consideró un fraude electoral en la elección presidencial de ese año-, dejando al PRI prácticamente solo en el Congreso”, el presidente (por cierto, Gustavo Díaz Ordaz) hubo de enviar la reforma de 1964, que introdujo los diputados de partido, “germen de los actuales diputados de representación proporcional”.
La segunda ocasión fue en 1976, cuando el PAN, por conflictos internos, no pudo postular candidato a la presidencia, ante lo cual el abanderado del PRI fue candidato único (se llamaba José López Portillo).
Y sí, en 1977, sacándose la espina, este mandatario impulsaría una nueva reforma electoral altamente progresista, para estimular a la oposición e integrar nuevos partidos al juego de las elecciones.
La pregunta de hoy para el autor de la actual iniciativa sería si también pretende acabar con todos los partidos de izquierda, derecha o centro que no estén hincados ante Morena.
Pero volviendo a la iniciativa de Camacho Solís… proponía que el financiamiento público fuera obtenido de multiplicar los 300 diputados de mayoría relativa, y no los 500 que se eligen, así como, por 96 senadores de mayoría y primera minoría y no por los 128 que se eligen. Una propuesta más era la reducción de la duración de la campaña para Presidente que sería de 90 días y no de 180.
Algo más era que, durante los procesos electorales en los cuales se elija Presidente de la República y se renueve el Congreso de la Unión, por cada peso que obtengan los partidos políticos para sus actividades ordinarias, se otorgue otro peso para la obtención del voto.
“Sin embargo -expone Reyes Tepach-, en el año de elección para renovar a los integrantes de la Cámara de Diputados, del financiamiento público total que obtenga cada partido para sus actividades ordinarias, se otorgará únicamente el 50% para la obtención del voto y no el 100% como está en el texto vigente. Con la aprobación de esta propuesta, el ahorro en las finanzas públicas sería la siguiente: 40% por la reducción del número de diputados y 25% por la reducción del número de senadores”.
Si se hubiera aprobado (explica el investigador) la campaña para presidente hoy sería de 90 días y la de Diputados y Senadores de 45 días.
Comenta el investigador que en 1996 inició otra etapa de reformas electorales a raíz de los cambios y riesgos que se generaron con el estallido del conflicto guerrillero en Chiapas, además, los problemas y peligros del proceso electoral en ese año convencieron al nuevo Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, de la necesidad de abrir auténticamente el sistema electoral durante su gestión, ya no de manera limitada sino con el fin de dar pasos decisivos a un terreno de auténtica competitividad.
En la reforma electoral de 1996, se liberalizó al Instituto Federal Electoral (IFE), retirando cualquier agente gubernamental de su conducción. Además, se pusieron límites a la sobrerrepresentación del partido mayoritario en 8% de su votación global obtenida, todo lo cual se tradujo, durante las elecciones legislativas de 1997 en la pérdida de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados por parte del PRI.
Hoy, con intenciones nada claras y sí presuntamente aviesas, con su iniciativa presentada en abril pasado y hoy en discusión en el Congreso, el actual mandatario pretende la reducción del número de diputados y senadores plurinominales, así como reducir el financiamiento a los partidos políticos; disminuir el costo de las elecciones e implementar el voto electrónico.
