Nunca más
HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO
“Argentina, 1985”; película de drama histórico, dirigida por Santiago Mitre; protagonizada por Ricardo Darín (Julio Strassera), Peter Lanzani (Luis Moreno Ocampo), Alejandra Flechner (Silvia Strassera), Laura Paredes (Adriana Calvo de Laborde), Gabriel Fernández (Bruzzo) y Norman Briski (Ruso); tuvo su estreno mundial el 3 de septiembre de 2022 en la competencia oficial de la 79.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.
Strassera y Ocampo son dos fiscales que tienen la encomienda de investigar y juzgar a los altos jerarcas de la última dictadura militar argentina, pero se enfrentan a la influencia de las presiones políticas y militares; así que junto con un equipo legal de abogados novatos deciden llevar a cabo el juicio a las juntas.
La película está inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, quienes en 1985 por decreto del ejecutivo se determinó llevar ante la justicia civil a los militares que gobernaron durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), debido a sus graves y masivas violaciones de derechos humanos.
LA ASIGNACIÓN
El fiscal Julio Strassera ha sido designado para llevar acabo la acusación contra los miembros que integraron las Juntas Militares, pero la decisión de que se abra el juicio civil depende de la autoridad judicial; mientras tanto Bruzzo, quien es jefe de Strassera, lo ha estado buscando insistentemente para informarle que la autoridad civil ha aceptado la causa penal y que debe formar un equipo de trabajo.
En un asunto tan delicado se debe pensar en el mejor equipo de fiscales para realizar esa labor; Bruzzo designa directamente como fiscal adjunto a Luis Gabriel Moreno Ocampo, pero todos los funcionarios a los que Strassera solicitó colaboración se negaron con diversas excusas; así que luego de la resistencia del entorno a participar de este juicio convoca a jóvenes.
Pero ¿por qué ningún otro funcionario quiso colaborar en el juicio?
La respuesta radica en la desconfianza que hay en el propio sistema judicial, pues están escépticos de que una autoridad civil logre una condena a los militares, lo cual también genera miedo, pues han pasado escasos dos años de que las Juntas Militares dejaron el poder.
LA INVESTIGACIÓN
Las partes son citadas para la audiencia preliminar en la que se decidirá si se abre la etapa a juicio o no; la defensa está segura de que el Tribunal desestimará la petición del fiscal, y que esto se resolveré en 10 minutos, pero los jueces que integran el Tribunal deciden que hay elementos para realizar el juicio y dan a la fiscalía un plazo de cuatro meses para realizar su investigación y presente las pruebas correspondientes.
En este juicio histórico, al cual se le conoce como Juicio a las Juntas, el fiscal Strassera utilizó como base probatoria el informe “Nunca más” realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Esta Comisión, compuesta por ocho miembros, surge con el fin de dar un fuerte apoyo a la investigación sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura, el presidente Raúl Alfonsín convocó a ciudadanos notables para integrarla.
Sus integrantes recorrieron Argentina, España, Francia, México y otros países entrevistando a eventuales testigos de violaciones de derechos humanos; esta comisión trabajó nueve meses y elaboró un informe de 50,000 páginas, documentó alrededor de 9,000 casos, de los cuales la Fiscalía tomó la decisión de recurrir a un mecanismo utilizado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de casos paradigmáticos, y presentó 709 casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280.
EL JUICIO
Strassera llama a juicio a víctimas que sufrieron en carne propia las vejaciones de los militares, así como a las madres, cónyuges e hijos de los miles de desaparecidos; el Tribunal y el público asistente oyen cada testimonio que desgarra el alma.
El Juicio a las Juntas Militares tuvo lugar entre abril y diciembre de 1985, durante el mismo se recabaron 530 horas de testimonios de 839 personas; la cinta recrea a detalle el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, sin lugar a dudas es el más potente: secuestrada en 1977 y embarazada de siete meses, tuvo que dar a luz en un taxi, con las manos atadas en su espalda, sin ayuda y ante la mofa de los militares. Además de ella hubo más víctimas que rememoraron detalles de su secuestro o de las últimas horas que vieron a sus familiares desaparecidos.
Las escenas del juicio se grabaron en la misma Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación, además, se combinó grabaciones de ‘falso archivo’ con secuencias reales.
LO QUE NO
SE CUENTA
La película se ocupa brevemente del contexto histórico previo al juicio, pero no narra a detalle el antecedente que dio pauta al mismo; luego de asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmó el 15 de diciembre de 1983 el Decreto N.º 158/83 que ordenaba someter a juicio a nueve militares de las tres armas que integraron las Juntas; dos días después, se instituía la CONADEP; el expediente se tramitó bajo la emblemática «Causa 13/84».
El tribunal que enjuició a las juntas fue la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, integrada por seis jueces; y la sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 condenó a cinco de los militares acusados y absolvió a cuatro.
Al inicio existió una pugna entre la justicia militar y la justicia civil, ya que luego de la sanción del Decreto 158/83, los excomandantes en jefe comenzaron a ser objeto de juicio por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el 28 de diciembre de 1983, debido a que en ese momento las leyes establecían que los militares sólo podían ser enjuiciados por tribunales militares, sin importar el delito.
Las demoras y la falta de voluntad en las Fuerzas Armadas para enjuiciar a los jefes militares se hicieron evidentes. El 13 de febrero de 1984 el Congreso sancionó la Ley 23049 de reforma del Código de Justicia Militar que estableció que la justicia militar sólo atendería delitos de tipo militar, y cualquier otro delito cometido por un militar debía ser atendido por la justicia civil; además, se estableció que las sentencias de los tribunales militares podían ser apeladas ante la Cámara Federal (tribunal civil) y que, si el juicio se demoraba en forma injustificada, la Cámara Federal podía hacerse cargo de la causa.
Fue así, y después de un largo silencio e inactividad del tribunal militar, que el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente de la causa.
Strassera cerró su alegato con esta frase: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: “Nunca más”.
Pero, ¿en realidad en la Latinoamérica se vive un “Nunca más”?
La mejor respuesta la tendrá como siempre nuestro amable lector…
