Libertad de Tránsito y Libertad de Manifestación

*Contrapuestos los Artículos 9 y 11 de 

la Constitución 

*Proteger las Marchas, Deber de las

Autoridades

*Complejo de Mosca por Miedo a Morir 

a Periodicazos

POR EZEQUIEL GAYTÁN

Nuestra Constitución Política reconoce en su artículo nueve la libertad de manifestación y dice a la letra en su primer párrafo “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país”.  Por su parte el artículo once reconoce la libertad de tránsito y dice a la letra en su primer parágrafo “Toda persona tiene derecho para entrar en la Republica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. Se trata de dos derechos irrenunciables e imprescriptibles que en muchas ocasiones se yuxtaponen y entran en conflicto. Sobre todo, en este país y en esta ciudad.

Se trata de dos derechos que, en su espíritu, no pueden ser absolutos. Léase, deben ser reglamentados, pues aunque se trata de Derechos Humanos tienen límites que no violen esas libertades, pero que las acoten. Por ejemplo: evitar ataques a la moral, alterar los derechos de terceros, cometer delitos durante la manifestación, dañar la propiedad privada y perturbar el orden público. Se trata de un asunto delicado pues las restricciones deben estar contenidas en alguna ley reglamentaria cuyo espíritu no dañe, pero sí demarque ese Derecho. Empero, ese Reglamento tan deseado y necesario no ha sido aprobado por esta y por otras legislaturas. Supongo que a nuestros representantes populares les ha faltado valor y voluntad política. El caso es que en nombre de la libertad de manifestarse de manera absoluta se afectan otros derechos tales como el de tránsito, el de educación, salud y trabajo entre otros. 

Las autoridades no pueden entorpecer, prohibir o reprimir una manifestación. De hecho, tienen el deber de proteger a los manifestantes. Lo cual significa entender el sentido de la proporcionalidad y desplegar a sus efectivos policiales según el caso ya que el Estado de Derecho también protege a las otras libertades. 

Que quede claro, ni me opongo y tampoco prejuzgo las manifestaciones. Estoy seguro de que todas tienen sus fundamentos y su razón de ser obedece a una demanda o una necesidad política, social o a una petición de bienes y servicios que la Administración pública está obligada a proporcionar, ya sea de manera directa o subrogada. Los manifestantes, en muchas ocasiones, me queda claro, recurren a ese derecho, pues la incompetencia y corrupción gubernamental a eso los orilló. 

Sin embargo, me pronuncio a favor de la reglamentación del artículo noveno a fin de evitar conflictos entre manifestantes y contra manifestantes. También veo la imperiosa articulación del libre ejercicio de los demás Derechos Humanos. Léase. me opongo a que se priorice un derecho sobre los otros. En este caso el de manifestación sobre el del acceso a la salud, la educación y al trabajo. Me queda claro que hay vías vehiculares en las cuales no deben permitirse las marchas de protesta o, en su caso, se debe abrir un carril de circulación. Lo coherente y racional es la convivencia social. De otra manera los radicalismos triunfarán y la ruptura del consenso como base del pacto social quedará en entredicho.   

El Estado debe atender sobre todo el interés público y no permitir que las minorías lo subordinen. Se trata del acuerdo político de gobernar para las mayorías en una democracia y, por lo mismo, su deber es dialogar y conciliar intereses en conflicto. Lo fundamental es la protección y paz social. Pero si considera que la armonía pacifica es permitir que se bloqueen carreteras o el periférico de la ciudad de México es alentar a que todo mundo haga lo que quiera y viole las demás garantías sociales, si eso ocurre entonces los gobernantes están incumpliendo con la Constitución y las leyes que de ella emanan. 

La falta de valentía por aplicar la ley es, tristemente, una característica de nuestros gobernantes. Su complejo de mosca (por miedo a morir a periodicazos) es notable. Prefieren subordinar el derecho de manifestación a los demás derechos, les interesa quedar bien con una minoría radical que con una mayoría que cumple con sus deberes. Lo hacen porque los manifestantes, cansados de no ser atendidos, se radicalizan. Sólo entonces les hacen caso y la población ya encontró ese camino. Qué incompetencia y falta de talento y talante de la alta burocracia. Pero ya nos veremos el día de las elecciones.

  

 

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