Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Nada bien debe haber caído en Palacio Nacional que la CFE haya perdido el arbitraje internacional solicitado por la empresa canadiense ATCO ltd, por el que tendrá que desembolsar 100 millones de dólares.
La demanda se fundamentó en una decisión equivocada tomada por la actual administración de la Comisión Federal de Electricidad, que canceló el contrato del gasoducto cerca de la Central de Tula, bajo el argumento de que estaba incompleto.
La firma responsabilizó al gobierno por no haber pactado con las comunidades que se opusieron a la construcción e invocó, ante el Tribunal, causa de fuerza mayor.
El diferendo llevado en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres dictó el laudo a favor de ATCO en octubre de 2021, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia Reuters.
Y la liquidación la realizó CFE en diciembre del mismo año, pero la información se ocultó hasta que la agencia noticiosa obtuvo información confidencial en la cual basó su cable.
Aunque seguramente el presidente de la República tenía conocimiento del diferendo, también prefirió ignorar la derrota jurídica.
Sin duda el fallo, conocido casi un año después de haber sido dictado, sentará las bases para que cualquier instancia del gobierno federal decida cancelar contratos sin el sustento jurídico y, sobre todo, constitucional, lo piensen dos veces.
La actitud arbitraria, por ejemplo, de Rocío Nahle, secretaria de Energía, de cancelar permisos y contratos en el sector energético, lo mismo en hidrocarburos que en generación de energías limpias, han llevado a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a solicitar las consultas, como primera instancia, por violaciones al T-MEC.
Las reuniones que se han celebrado no han sido publicitadas y la responsable por México, Tatiana Clouthier, solamente ha informado de que “todo marcha bien”.
Sin embargo, versiones de las contrapartes, dejan entrever que el tiempo de las consultas se agota y es previsible llegar a los paneles de controversia.
Si bien el o los fallos que emitan los panelistas después de las pruebas que las partes presentes no se dará de la noche a la mañana y podría tardar de seis a ocho meses, todo indica que México perderá y tendrá que asumir los costos no solamente financieros sino políticos.
Las opciones que se advierten son solamente dos: pagar el reclamo económico que soliciten los afectados -se habla de hasta 40 mil millones de dólares- o bien reconocer la legalidad de los contratos y permisos, con lo cual podría subsanarse en parte del decretazo y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Por lo pronto, la noticia de la derrota de la CFE ocupó gran parte de los tiempos en radio y televisión y en los espacios de los portales del país.
La reserva de la información por casi un año, apostaba a que permanecería por todo el tiempo y que nadie en México se daría cuenta de cómo la empresa productiva del Estado perdió y pagó.
Quizá el departamento jurídico de la CFE supuso que el diferendo se podría arreglar de otra manera y que la empresa afectada retiraría la demanda.
Deben pensar que Londres es la Ciudad de México.
Y aquí sí aplica: a palo dado, ni AMLO lo quita.
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