NIDIA MARIN
México no se escapa de las censuras nacionales e internacionales ante la militarización que lleva a cabo el gobierno de la 4T.
Y la crítica lo mismo ocurre con los mexicanos descendientes de militares o quienes tuvieron algunos parientes que combatieron en la Revolución Mexicana (como el caso de quien esto escribe, con sus tíos abuelos Natalio Marín Flores, carrancista y Filadelfo Marín Flores, zapatista).
Ellos, también reprueban que los militares acaparen un alto porcentaje de la estructura gubernamental y de los empleos, inclusive lanzan críticas también aquellos que les han aplaudido cuando aplican los planes de contingencia en casos de desastre.
No es que estén en su contra. No. Millones de mexicanos, al contrario, les reconocen su colaboración en los casos de desastre, su coordinación de auxilio a las personas afectadas, el transporte y evacuación preventivas, la atención en los refugios temporales, el apoyo en las labores de búsqueda y rescate, así como la asistencia médica y el saneamiento.
Hay que recordar que el Plan DN-III-E nació un día antes del terrible sismo de 1965. Sí, el 18 de septiembre de ese año, pero fue hasta el siguiente cuando se aplicó, en octubre, ante el desbordamiento del río Pánuco, tras el paso del huracán “Inés” que afectó el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.
Pero hoy, ante las decisiones palaciegas, suman millones de mexicanos los que critican el hecho de que los militares (cuyos salarios se pagan con el trabajo de todos los mexicanos) hayan sido tratados como desempleados y otorgado tantas prebendas en todos los renglones que, en otros tiempos, eran empleos para arquitectos, ingenieros y todos aquellos profesionistas egresados de las universidades, tanto públicas como privadas.
Respecto a esta problemática hay estudiosos que consideran acerca de la asignación de las nuevas misiones y la expansión hacia diversas áreas de las que antes se encargaban los civiles que “…termina por politizar a los militares al exponerlos diariamente a problemáticas sociales o a la gestión de gobierno”.
Ello, aseguran, “…puede fomentar el desarrollo de visiones respecto a cómo resolver problemas que escapan a su saber profesional y que, finalmente, incrementan su influencia y capacidad de presión sobre el poder político democrático”.
Otros estudiosos, en cambio, consideran que “…la expansión no conduce necesariamente a la politización, siempre y cuando los líderes civiles sean los que establezcan límites y supervisen el desarrollo de las nuevas misiones asignadas”.
Sí, en México, desde la cúpula gubernamental, tal vez se lleva a cabo esta transformación con aviesas intenciones, sea de permanencia en el poder, o de estructurar un partido como lo fue el PRI durante décadas para siempre ganar.
Abiertamente, sin pudor alguno, se introduce a los militares en todos los rincones de la administración, mientras la inseguridad galopa en el campo y las ciudades, los narcotraficantes violentan la ley a diestra y siniestra, aterrorizan poblados, asesinan y se ríen en las narices de los militares, ya que los resultados hasta ahora son tan desastrosos y pobres como los de la denominada guerra de Calderón.
Como escribiera el general colombiano, Álvaro Valencia Tovar, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Existe una tendencia, muy humana por cierto, a considerar la autoridad como incontestable. Quien se ve investido de ella, se resiente con facilidad ante los disentimientos, la contradicción, la simple presencia de una actitud opositora”.
Actualmente, tal como lo advirtiera la estudiosa argentina Emilse Calderón:
“En una pospandemia como la pronosticada, con altos niveles de incertidumbre institucional enraizada con la vulnerabilidad social y el deterioro de la economía, para la que se pronostica una caída en la actividad del -9,1% (CEPAL, 2020), es altamente probable que el militarismo incentivado por la mayoría de los gobiernos se vea incrementado”.
Y además…
“Por lo tanto, los militares como recurso seguirán siendo convocados y, también, para concretar tareas ligadas al orden público. Esta situación, sin dudas, va en detrimento de la democracia y la estabilidad institucional. A su vez, aumenta las posibilidades de un reposicionamiento político del sector castrense, aunque ello no implique formar parte visible de los gobiernos”.
