Esta semana, el gobierno federal, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), inicia el proceso de compra anticipada de medicamentos para los años 2023-2024 por un monto estimado de 215 mil millones de pesos, situación que preocupa a la industria farmacéutica porque implica mantener precios fijos y no se prevén tiempos adecuados para planear la producción y encontrar las materias primas.
Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico de México (Inefam), advirtió que desde que el Presidente publicó la convocatoria de compra en el Diario Oficial de la Federación se ve un panorama “incierto y preocupante”, pues los procedimientos AA-012M7B997-E85-202, AA-012M7B997-E86-2022 y AA-012M7B997-E87-2022 no corresponden a una licitación de carácter internacional sino de una adjudicación directa que desde inicio pone incertidumbre al proceso.
A través de estos procedimientos, el Insabi busca comprar mil 454 claves, lo que equivale a tres mil 145 millones de piezas que llegarían a 33 instituciones de salud y seguridad del país.
Sin embargo, para este procedimiento de compra se redujo la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que en 2020 firmó un acuerdo con México para dar asesoría y asistencia técnica para la compra de medicamentos, pues en este proceso sólo fungirá como “revisor de documentos”, advirtió el Inefam.
También preocupa a la industria que el gobierno federal no prevé respaldo presupuestal en el proyecto que presentó en la Cámara de Diputados para el próximo año y no está garantizada la logística de distribución, acusan.
Las farmacéuticas deben entregar los días 27, 28 y 29 de septiembre sus propuestas de oferta de productos, con precios mínimos y máximos, por lo que el Inefam recomendó a los representantes de las firmas que “sean cuidadosos al regresar las cifras porque se espera que sean contratos abiertos”, es decir, que no se respete el orden de prelación y que a pesar de que se espera la participación de tres distintos jugadores por contrato, “existe la posibilidad de que una sola fuente tenga el abasto de cien por ciento en dos años”.
También advirtió que se espera que los representantes de la 4T van a negociar fuerte. “¡Ojo ahí! ¡Tengan cuidado! Vean las cantidades solicitadas porque (se comprometen) no se las adquieren y ya bajaron el precio”, más si se trata de productos en los que hay que pagar impuestos de importación.
José Carlos Ferreyra, también de Inefam, agregó que a vez que se definan los montos de compra, el gobierno deberá lanzar la convocatoria de adquisición, pero si no hay reglas eso puede crear un “incentivo perverso” en el que las instituciones dejen una proporción importante fuera de la compra consolidada y al final realizan procesos complementarios de adjudicación directa.
Indicó que en este proceso se puede presionar a que haya precios a la baja y eso incentive que no haya un número suficiente de participantes y el gobierno tenga que buscar las medicinas o insumos en “adjudicaciones sobre la marcha”.
“Vemos que lo que ha estado ocurriendo en los últimos años podría reproducirse al cierre del sexenio”, aseguró Enrique Martínez.
