*La Adscripción de la Guardia Nacional a Sedena,
Clara Violación Constitucional
*El Presidente Tiene sus “Datos” en Materia de la
Seguridad y no son Públicos
*El Acoplamiento de Civiles a las Fuerzas Militares,
Largo Camino por Recorrer
EZEQUIEL GAYTÁN
El austriaco Hans Kelsen (1881-1973) considerado uno de los juristas más influyentes del siglo XX concibió la idea de un sistema jurídico en forma gráfica piramidal con el propósito de representar jerárquicamente el orden formal de prelación de los ordenamientos jurídicos. De ahí que hasta la cima se encuentra la Constitución. Luego, de manera descendente están los tratados internacionales y los Derechos Humanos. Más abajo las resoluciones y leyes emitidas por el Congreso. Le siguen los decretos y acuerdos promulgados por el poder Ejecutivo y finalmente la normatividad expedida por los secretarios de Estado. Dicho lo anterior, queda claro que ningún decreto o acuerdo presidencial puede estar por encima de la Constitución.
En teoría todo está claro. El problema surge cuando desde el poder Ejecutivo se quiere emitir un decreto que contradiga a la Constitución y se le quiera dar validez jurídica. Tal es el caso de la decisión del presidente López Obrador de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para cuando se publique este artículo la Cámara de Senadores, muy posiblemente haya aprobado la iniciativa por lo que confío en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya están trabajando respecto a la inconstitucionalidad de la modificación jurídico-administrativa.
El conflicto estriba en que nuestra Carta Magna dice a la letra en su artículo 21, párrafo once “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Por lo que el tema es trascendente en lo jurídico, en lo político y en lo administrativo.
Queda claro, de acuerdo con la pirámide de Kelsen, que no es un mero convencionalismo, sino el orden jurídico que impone jerarquías y precepto de formalidad al mundo de la legalidad. Consecuentemente, si nos apegamos al Estado de Derecho, no deberá proceder la iniciativa presidencial. Por lo que respecta al debate político es fácil inferir, al menos, tres aspectos. El primero es que la tesis presidencial de abrazo y no balazos es inoperante y la delincuencia organizada ya le tomó la medida al gobierno de la República, la segunda es que algo debe de ser cierto acerca de que el crimen ya domina ciudades y partes del territorio nacional en detrimento de las instituciones y la tercera es que , en efecto, el presidente tiene sus datos que no son del dominio público y eso levanta sospechas fundadas de que el diagnóstico nacional es de gravedad en materia de seguridad pública. Finalmente, el asunto administrativo y presupuestal está en el mundo de la complejidad organizacional. En otras palabras, la reforma administrativa del caso ya obligó a la necesidad de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la de la Guardia Nacional, la del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Además, tendrán, en su caso, que hacerse los cambios presupuestales que modificarán el traspaso de partidas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a la de la Defensa Nacional. Por si fuera poco el trabajo, queda por resolverse el asunto del destino del personal administrativo de la Guardia Nacional. Muchos de ellos son civiles y es claro que no están formados en la disciplina castrense. ¿Acaso se les dará rango militar?, ¿se les liquidará conforme a las leyes laborales?, ¿serán dados de baja del ISSSTE y se les adscribirá al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas? son preguntas que habrán de responderse con prontitud. Las experiencias de cambios administrativos es que esas fusiones tardan en acoplarse. Recuérdese el caso, por citar un ejemplo, del costo de gestión que representó la fusión de la Secretaría de la Reforma Agraria a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El cambio en el papel fue fácil, el acoplamiento del personal fue difícil debido a la necesidad de redefinir nuevos sistemas y procedimientos, acoplarse a los usos y costumbres de las burocracias y acordar el nuevo lenguaje técnico-operativo. Son cambios que tardan años y requieren planearse detenidamente. Lo importante es que los resultados salten a la vista y sean tangibles. Lo cual habrá de redefinir estrategias, tácticas y precisar lo urgente y lo necesario.
No sé si hay desesperación en el Palacio Nacional por poner orden y recuperar territorios perdidos en manos de la delincuencia. También ignoro acerca de las razones por las cuales el presidente López Obrador se inclinó por la estrategia de la iniciativa de ley, pues sabe que constitucionalmente no pasará. Todo indica que el cambio no será dócil y sin embargo la insistencia presidencial se impuso. No cabe duda, el gobierno mexicano interpreta la pirámide de Kelsen al revés.
