Austral
Ricardo Del Muro
El municipio oaxaqueño de Tapanatepec, ubicado en la frontera con Chiapas, es ahora el principal punto en donde los migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica puedan obtener permisos temporales de hasta 30 días para cruzar el territorio mexicano, según difundió un reciente reportaje de la cadena CNN.
Allí existe un campamento a donde llegaron aproximadamente mil migrantes que salieron el pasado domingo de Tapachula, en donde sólo les dieron un permiso para trasladarse en autobús hacia Arriaga, en la frontera estatal, para así llegar al campamento de Tapanatepec y tramitar sus visas temporales, según señaló la migrante venezolana, Yasneidy Dayana Fernández, entrevistada por la reportera de CNN.
Aunque no hay comunicados oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), el establecimiento de este nuevo punto para el otorgamiento de visas, puede ser una medida emergente para enfrentar los tumultos y conflictos que se han registrado en la estación Siglo XXI de Tapachula, rebasada en su capacidad para atender las demandas de visas para migrantes que todos los días llegan a esa ciudad fronteriza de Chiapas.
En las ultimas semanas, de Tapachula han salido caminando unas seis caravanas de migrantes de unas 400 o 500 personas, que decidieron emprender el viaje porque no habían podido realizar los trámites migratorios por la larga espera que les toma acudir a las oficinas del INM en esa ciudad.
Hace un mes, el 4 de agosto, el titular del INM, Francisco Garduño visitó el campamento provisional instalado en San Pedro Tapanatepec, para “supervisar la atención humanitaria” que allí se brinda a las personas migrantes, pero nada comentó respecto al establecimiento de un centro emisor de visas temporales.
De acuerdo a los testimonios de los migrantes, las autoridades del INM han incrementado los operativos para deportar a las personas indocumentadas, aunque en el vocabulario oficial la palabra deportar se ha cambiado por “rescatar”, ya que, en efecto, es muy difícil distinguir a los grupos de migrantes independientes y aquellos que son guiados por traficantes.
Así, durante la Segunda Conferencia Nacional de Migración, que se realizó del 23 al 26 de agosto en la Ciudad de México, se informó que de 2018 a lo que va de 2022, han sido rescatadas 77 mil 498 personas de las redes de traficantes.
El flujo de indocumentados, de acuerdo a los datos de la Fiscalía General de la República (FGR), disminuyó durante el año de la pandemia, ya que en 2018 fueron rescatadas 533 personas y 22 mil 189 en 2019, mientras que en 2020 la cifra fue de sólo 6 mil 249 personas, para volver a incrementarse a 28 mil 804 en 2021 y a 19 mil 723 en lo que va de 2022.
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (dependiente de la FGR), Germán Adolfo Castillo Banuet, informó que, de diciembre de 2018 a agosto de 2022, se han iniciado 4 mil 707 carpetas de investigación sobre el delito de tráfico de personas.
El mayor número se concentran en los estado de Nuevo León con 858; Chiapas, 729; Veracruz, 649; Tabasco, 510; Oaxaca, 315; Tamaulipas, 251; Coahuila, 236; Estado de México, 229; Chihuahua, 224; Baja California, 190; Puebla, 144; Tlaxcala, 59; Sonora, 52; Hidalgo, 38; Zacatecas, 37; Quintana Roo, 35 y la Ciudad de México con 30.
Igualmente, han sido judicializadas 2 mil 286 personas como presuntos traficantes de indocumentados; se han realizado 2 mil 31 detenciones legales, mil 653 han sido vinculadas a proceso, 729 están sujetas a prisión preventiva y 475 personas han sido sentenciadas.
En este sentido, el representante de la FGR propuso una serie de reformas a la Ley de Migración, con la finalidad de tener mejores resultados en la persecución del delito de tráfico de personas.
Al respecto, Castillo Banuet planteó reformas a los artículos 3, 67, 68, 97, 98, 105, 159, 150 y la adición del artículo 160 de la Ley de Migración para simplificar la comprobación del delito, ya que desde la perspectiva de la FGR, hay tres grandes retos para el éxito de una investigación eficaz contra el tráfico de personas.
El primero es justificar debidamente las detenciones ante las crecientes exigencias de los tribunales; el segundo, es la falta de imputación y colaboración de las víctimas, pues se pide que éstas sean directas y tercero, la alta exigencia para la comprobación del hecho delictivo que se cifra en dos elementos del tipo penal: la comprobación del lucro y la intención de la evasión de la revisión migratoria. RDM
