- El Tribunal Electoral llevó a cabo el segundo foro “Los derechos político-electorales de las mujeres migrantes” para promover y fortalecer la participación político-electoral de mexicanas residentes en el extranjero.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llevó a cabo el segundo foro “Los derechos político-electorales de las mujeres migrantes” con el objetivo de fortalecer los espacios de difusión y promoción de los mecanismos de justicia inclusiva generados por este máximo órgano jurisdiccional, para tutelar los derechos de las mujeres migrantes para su representación política.
En las instalaciones de la Sala Regional Monterrey, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, comentó que las personas migrantes, especialmente las mujeres, no pierden patria, nacionalidad y tampoco su incidencia política por desplazarse a otro país. Señaló que es necesario entender que la migración es un derecho humano y, por tanto, es necesario eliminar la situación de doble discriminación en la que viven, toda vez que la padecen en su lugar de origen y a donde llegan.
Por ello, dijo, el Tribunal Electoral tiene el compromiso de tutelar los derechos político-electorales de mujeres migrantes, a través de sentencias y acciones afirmativas, porque las mujeres al residir en el extranjero no pierden sus raíces ni su cultura, pues llevan su mexicanidad y su idioma en sí mismas, por lo que debemos reconocerles sus derechos humanos con una mirada de interseccionalidad con perspectiva de género.
La magistrada de la Sala Superior, al inaugurar el foro y dar la bienvenida a magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, diputadas, diputados y representantes de la sociedad, resaltó que este foro representó una oportunidad para adentrarse en esta perspectiva de trabajo de análisis para abordar los derechos político-electorales de mujeres migrantes, porque si la migración significa un camino sinuoso, lo es aún más para las mujeres. Ante ello, subrayó, es necesario seguir organizando espacios en los que se promuevan los derechos político-electorales de las mujeres migrantes, a fin de que conozcan que no solo tienen derecho a votar, sino que pueden ser votadas para ocupar cargos de elección popular.
Por su parte, la magistrada presidenta interina de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho, recordó que el reconocimiento a los derechos de las mujeres migrantes a votar y ser votadas debe ser el objetivo de las autoridades electorales administrativas, jurisdiccionales y legislativas, por lo que a través de la interseccionalidad se debe brindar a este grupo social la garantía de representación acorde con el porcentaje que representa.
Agregó que aun cuando distintos instrumentos internacionales garantizan el derecho de las personas a participar en los asuntos políticos de sus países a través del voto, la realidad muestra que gran parte de la población migrante no puede ejercer esta garantía, y por ello los derechos de la ciudadanía dentro del fenómeno migratorio resultan centrales en la agenda pública.
En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Nuevo León, Claudia de la Garza Ramos, señaló que la migración es un derecho humano que ejercen las personas por diversos motivos, por lo que celebró la realización de estos foros, cuyo propósito es poner en la mesa de debate el tema de los derechos políticos electorales, en este caso, de las mujeres migrantes, para generar acciones que ayuden a los cambios que requiere la sociedad. La magistrada sostuvo que, aunque la brecha es amplia, se trabaja para que estos grupos vulnerables cuenten con las condiciones legales para contribuir al desarrollo de una democracia sustantiva.
La diputada local, Ivonne Liliana Álvarez García, vicepresidenta de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes y vocal de otras comisiones en el Congreso de Nuevo León, destacó el compromiso de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, así como que las mujeres han logrado avanzar en las posiciones que con anterioridad se les negaron tanto en el sector público como privado. En el Poder Legislativo, reconoció, se tiene una deuda —en particular— con mujeres y hombres migrantes, para que tengan acceso a sus derechos político-electorales. La legisladora local subrayó que se requiere de voluntad política para generar los espacios que garanticen la igualdad, equidad y justicia.
En tanto, la presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), Gloria Icela García Cuadras, refirió que las acciones afirmativas, generadas desde el ámbito jurisdiccional y que han dado espacios a grupos vulnerables, han estado encaminadas a lograr una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, ello desde una perspectiva interseccional. La consejera hizo un llamado para trabajar en derecho a votar al que tienen derecho las y los migrantes, particularmente las mujeres, para que logren tener acceso al derecho de ser votadas.
Mientras que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de San Luis Potosí e integrante de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, Dennise Adriana Porras Guerrero, consideró que las autoridades jurisdiccionales y administrativas deben contribuir a que las mujeres migrantes participen en los procesos democráticos para asegurar el derecho a ser representadas en cargos de elección popular y que sus voces no sigan ausentes de las políticas públicas, y así lograr que la justicia inclusiva sea una realidad.
En el foro, coordinado por la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del TEPJF, se llevaron a cabo dos paneles: “Condiciones de participación política de las mujeres migrantes, áreas de oportunidad para la justicia electoral con perspectiva de género interseccional” y “Mecanismos de justicia inclusiva generados por el TEPJF para tutelar los derechos político-electorales de las mujeres migrantes”.
