En medio de discusiones jurídicas e interpretaciones de la ley, se realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el cual se inició el debate para derogar o no la prisión preventiva oficiosa.
Los primeros exponentes Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara, se pronunciaron por mantener la medida lo que, si ratifican mañana su voto, el tema se habrá agotados y no se declarará inconstitucional la medida cautaear.
Y para dar tiempo de análisis, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, levantó la sesión ordinaria y citó a los ministros para seguir debatiendo este asunto en la sesión mañana martes.
Hasta el cierre de la sesión de este lunes, cuatro de los 11 ministros que integran el máximo órgano de justicia electoral del país adelantaron que su voto será en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar, que plantea eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Los ministros que anunciaron que irán en contra de este proyecto son Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara.
En la presentación del proyecto, que plantea declarar la invalidez de esta figura, el ministro Luis María Aguilar señaló que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos y, para armonizar, es necesario optar por la protección de derechos y libertades».
Investigar para detener, no al revés: especialista sobre eliminar la prisión preventiva oficiosa
Argumentó que en México 92 mil personas están detenidas de manera preventiva y aseguró que esto “representa un abuso y sencillamente es pernicioso”.
En cambio, la ministra Yasmín Esquivel dijo estar en contra de que la Suprema Corte “despoje al Estado mexicano de la potestad para determinar bajo qué casos y qué condiciones pueden restringirse los derechos humanos”.
“Los ministros no somos responsables de redactar o reformar la Constitución. La prisión preventiva oficiosa es indispensable para la protección de derechos humanos de las víctimas”, enfatizó.
En el mismo sentido, la ministra Loretta Ortiz señaló que la Corte no está facultada para inaplicar una norma consagrada en la Constitución, y hacerlo pondría en duda incluso la división de poderes.
