El gobierno de Gustavo Petro radicó el martes en el Congreso colombiano un proyecto de ley con el que define una nueva política de paz que busca cimentar el camino para posibles negociaciones y acuerdos con grupos armados ilegales.
Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, busca una “paz total”, con la apertura de negociaciones y sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales que aún delinquen en el país. La meta es ambiciosa y sucede cuando el Estado aún está implementando el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El gobierno propone al Congreso, donde goza de una coalición mayoritaria, elevarla a política de Estado, para que comprometa a todas las ramas del poder -Legislativa, Ejecutiva y Judicial-, de manera que con cada cambio de gobierno se garantice la continuidad de las políticas públicas de paz.
El proyecto, que modifica una ley de orden público existente, avala a que representantes autorizados por el gobierno puedan entablar diálogos con estructuras o grupos armados ilegales. Además, en medio de un proceso de paz los representantes podrán acordar con voceros de los armados su ubicación temporal en algunas zonas de Colombia que determinen. En esos lugares quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra los actores armados, incluidas las que tienen fines de extradición, algo novedoso en la propuesta del gobierno.
