Verdad y justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pidió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), al Gobierno mexicano tras el informe de Alejandro Encinas.
El organismo internacional pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga «una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, esto, determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas».
Aunque la ONU-DH no lo mencionó, el detenido de mayor perfil hasta ahora es Jesús Murillo Karam, quien estaba al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el caso.
«Estamos ante un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa”, declaró Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, en un comunicado.
ONU-DH reconoció la labor de la Comisión para la Verdad, que presentó un informe que concluye que la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 fue un «crimen de Estado»
El organismo reconoció la labor de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que el 18 de agosto presentó un informe que concluye que la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 fue un «crimen de Estado» y que no hay indicios de que estén vivos.
La ONU-DH coincidió con el informe en rechazar la «verdad histórica», como se conoce la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que policías corruptos entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el estado de Guerrero.
Ante la importancia de la información revelada por la Comisión para la Verdad, la ONU-DH recomendó medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso.
Asimismo pidió como mínimo, «una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre de 2014 y de aquel que haya contaminado u obstruido la realización de una investigación efectiva».
También sugirió el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México, y la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades competentes.
«Se debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes», concluyó Fernández-Maldonado.
La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa se ha reavivado a casi un mes de que se cumplan 8 años del hecho.
Las familias de los estudiantes exigieron el viernes pruebas «objetivas, científicas e indubitables» de que están muertos, mientras que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió este lunes que continuará con su búsqueda, aunque defendió la investigación de la Comisión para la Verdad.
