Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Conforme al eslabón de la justicia llamado “debito proceso”, los nombre de los presuntos implicados en delitos que pudieran ser objeto de ser sometidos a proceso, deben guardarse hasta que se haga pública la presentación ante un juez de control.
Es lo que coloquialmente conocemos como la “secrecía” de la indagatoria.
Sin embargo, la violación al “debido proceso” parece ser cotidiana en el actual gobierno.
Cuando el presidente López revela el diálogo sostenido entre el fiscal general de la República y los padres de los 43 y lo difunde, deja insubsistente el valor de la prueba que, en su momento, podría ser utilizada para consignar y presentar ante el juez de control al presunto responsable.
Responder al jefe policíaco de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien exigió de la Fiscalía detener a los responsables de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y no destruir vidas y prestigios, con “se mencionan muchos, en toda la investigación, incluso está en los documentos”…el comentario se derivó de una pregunta sobre si el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país debe renunciar paara que la FGR realice las indagatorias y lo ratificó: “no, es que van a salir muchos nombres, van a salir muchas cosas. Pero eso no responsabiliza a nadie”.
Vaya, aquí ya no vale el usted perdone cuando la autoridad se equivoca. Con la transformación en marcha, solamente hay disculpas públicas a todos aquellos que se incoformen contra las administraciones pasadas y permitan concluir en que los delitos fueron cometidos por el Estado.
Si el caso Ayotzinapa no se cierra con las detenciones que están anunciadas en contra de 20 mandos militares entre las 83 órdenes de aprehensión libradas por jueces, según información oficial de la FGR, se volverá endémico y permitirá que los vividores de la tragedia se mantengan bajo los reflectores si las decisiones que toma el Poder Judicial de la Federación no satisface sus reclamos, como el de permitir tomar las casetas de cuota, sobre todo la de Palo Blanco, a la salida de Chilpancingo, acción que reditúa a los “estudiantes” millones de pesos mensualmente.
No debería sorprender ni tantito, que el presidente viole el debito proceso. Ya se dirigió a los ministros de la Corte a quienes señaló que aplicar el derecho no es hacer justicia y que no le salgan con que “la ley es la ley”. Y, sin embargo, en la aprehensión de Jesús Murillo Karam y la presunta participación de García Harfuch y Ángela Aguirre en la construcción de la “verdad histórica”, de la que se deslindan ambos personajes, vuelve a tomar las de Villadiego -huir de su responsabilidad- y hacerse el simpático.
Habría que señalar, por ejemplo, que la manipulación en los presuntos delitos que cometió Murillo -y seguramente el resto de quienes serían imputados- es más clara que el agua purificada y santificada. Afirmar que el exprocurador y otros, serán acusado de “desaparición forzada” no deja de ser una acción mediática. El delito se estipuló en la Constitución y el Código Penal Federal, en 2017 y los hechos ocurrieron en 2014 por lo cual no aplica de manera retroactiva. ¿O ya también se mandó al diablo el primer párrafo del artículo 14 constitucional?
El asunto es pantanoso y cualquier puede hundirse. Saber dónde pisar y cómo brincar los riesgos, no interesan al Jefe del Ejecutivo. Su presunción de ser ave que cruza los pantanos sin macharse el plumaje, lo obnubila.
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