Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
La detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, apunta hacia una persecución insospechada.
Se dice en las primeras versiones que el autor de la “verdad histórica” en el secuestro, desaparición y asesinato de 43 estudiantes entre el 26 y el 28 de septiembre de 2014, protegió a los responsables.
De ser cierta la especie, los responsables podrían ser los militares. Lo dicho por Alejandro Encinas Rodríguez lo confirmaría con su aseveración de que el Ejército no hizo nada para impedir el secuestro.
¿Quién estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional?
De todos es sabido: el general Salvador Cienfuegos, quien en diciembre de 2020 fue aprehendido en Los Ángeles y acusado de tener nexos con criminales de Nayarit, un pequeño cártel que presuntamente creció al amparo de la protección del y/o los militares.
Murillo Karam estuvo al frente de las indagatorias que realizó Tomás Cerón De Lució, hoy prófugo de la justicia y exiliado a Israel y protegido por el gobierno de aquella nación que ha negado extraditarlo para ser juzgado en México.
Sin entrar en la defensa de ninguno de los tres, la duda que prevalece y no quitaré el dedo del renglón: ¿quién de los 3 dio la orden a los criminales de Guerreros Unidos y Los Rojos para el secuestro?
Si es que tenían esa capacidad de ordenar.
¿Y quién de los 3 jaló el gatillo, encendió la fogata, destazó y enterró a los jóvenes?
Los criminales actuaron por decisión propia y las indagatorias de entonces y las de ahora, concluyen que los jóvenes fueron confundidos con adversarios de los cárteles que operan en la sierra de Guerrero y son productores de amapola.
Con todo respeto para las autoridades que llevan ahora el caso, salvo que tengan información nueva y desconocida para todos exceptuando ellas, detener a los exfuncionarios públicos por haber protegido a personajes de alto rango, parece una débil acusación.
Si tienen pruebas que demuestren la partición de los militares, de los marinos, de los policías federales, habría que aprehenderlos.
Pero perseguir, por ejemplo, a Zerón por haber “torturado” a uno de los detenidos, nada tiene que ver con el secuestro y la desaparición. Sin duda se violaron los derechos humanos y se ejerció la acción. Sin embargo, la confesión del detenido, podría haber aportado datos que permitieron escribir la “verdad histórica”.
De acuerdo con las versiones que circulan, ninguna oficial y todas especulativas, habría personajes de alto rango político y militar en el evento.
¿Qué habrían ganado los supuestos involucrados?
No hace falta asesinar a 43 jóvenes para hacerse de dinero, recuperar drogas, controlar las plazas.
Es un riesgo innecesario y poco creíble de que lo hayan tomado quienes decidieron llevar a cabo la desaparición con todas sus consecuencias.
A ninguno de los exfuncionarios se les ha señalado, hasta ahora, como autores intelectuales. Imposible que fueran los materiales. ¿Dieron las órdenes de hacerlo?… ¿quién las recibió y ejecutó?
Es un pantano. Y en la oscuridad cualquiera cae.
¿A dónde conduce esta aprehensión además de beneficios mediáticos?
Difícil si no imposible, saberlo. Todo se basa en conjeturas. No hay transparencia. La defensa presidencial de la institución militar, es lo menos que puede hacer. Y señalar que por unos elementos que actuaron mal no se puede ni se debe juzgar al Ejército. Nadie se lo discute. Pero está la duda: ¿Quiénes de los señalados dio las órdenes de proteger a otros personajes?
¿Y quiénes son los personajes?
El mar de duda, de está presente.
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