Amnistía Internacional, organización civil dedicada a la protección de los derechos humanos, hizo un llamado para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con lo establecido en la constitución y después de 2024, año en que deja su cargo al frente de México, el Ejército y la Marina abandonen las tareas de seguridad pública.
La directora ejecutiva de la organización, Edith Olivares Ferreto, recordó que como parte de los acuerdos para la conformación y consolidación de la Guardia Nacional, en marzo de 2019 se acordó que a partir de 2024 las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina Armada de México (Semar) deberían regresar a sus cuarteles, sin embargo, el mandatario federal expresó su intención de mantenerlas en la calle de manera permanente.
En un videomensaje, Olivares Ferreto recordó que la actuación de la Sedena y la Semar han sido cuestionada constantemente, pues no sólo no disminuyen las cifras de violencia en el país, sino que además se ha documentado que elementos de ambas corporaciones han participado y formado parte activa de violaciones a los derechos humanos.
“Durante los últimos 16 años el despliegue de las fuerzas armadas no solamente no nos ha garantizado seguridad pública, sino que ha ocasionado numerosas violaciones a los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido ya 162 recomendaciones al Ejército y a la Marina por violaciones a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con desapariciones forzadas”, expuso.
En tanto, la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, como pretende el presidente López Obrador ya sea mediante un decreto o una reforma constitucional, también resulta preocupante, advirtió, ya que en el poco tiempo que lleva en activo, ha recibido más de mil 100 quejas por violaciones a derechos humanos, como tortura o detenciones arbitrarias.
“Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado fuerte y claro al Presidente de la República a que reconsidere su decisión de continuar militarizando la seguridad pública y a respetar el marco constitucional a través de la presentación del plan de retiro de las fuerzas armadas y del fortalecimiento de las policías civiles. Exigimos seguridad ciudadana y vigencia plena de los derechos humanos para todas las personas”.
Esta petición se une a la realizada por la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, el jueves pasado, cuando solicitó que el presidente López Obrador abandone su intención de ceder el control de la Guardia Nacional al Ejército.
La ONU-DH pidió al Estado mexicano que el cuerpo de seguridad mantenga las atribuciones que se le confirieron en su normativa interna y en la Constitución cuando fue aprobada su creación en marzo de 2019, pues, resaltó, además de ser un recurso excepcional el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ésta “supone un debilitamiento de la institucionalidad democrática”.
