ALBERTO F. MENA MALLEN
Todos se lamentan lo ocurrido en la mina El Pinabete, pero autoridades tanto estatales y federales no han hecho su trabajo, lo que puede considerarse como negligencia criminal, ya que se ha investigado que por la famosa austeridad republicana que ya pasó a franciscana, no hay inspectores suficientes para revisar dichas empresas, que tienen años haciendo lo que quieren, particularmente si cuentan con apoyo de políticos “machuchones”, que mueven lo que sea con tal de no salir perjudicados. Prevalece la falta de inspecciones, la complicidad con las empresas y la desprotección de los trabajadores.
Mientras que los ciudadanos tienen que trabajar a como dé lugar, para mantener vivas a sus familias, aceptan cualquier condición, hasta riesgosa, tal y como sucedió en este accidente y donde 10 mineros se encuentran atrapados luego de que por error abrieron un hoyo que comunica con un afluente, -previsiblemente del río Sabinas-, y ahora, por falta de previsión de autoridades, se vive una tragedia más en este campo. Afortunadamente 5 lograron salir de los pozos.
Y salen a la luz pública las grandes tragedias como la de Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros -ocurrido en febrero de 2006-, y que tuvo importantes implicaciones económicas, sociales, sindicales, legales y políticas y que luego de las condiciones de la mina, se optó por dejar las cosas como estaban, incluso la recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos, pero ahora, con el gobierno de la 4T, el primer mandatario prometió que se iban a rescatar, lo que hasta la fecha no ha sucedido.
En tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus mañaneras aseguró que hay familias dolidas, tristes, llenas de sentimiento, “hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas; Cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación”. Estas palabras, luego de que una mamá de uno de los mineros atrapados le agradeció a López Obrador su visita para “tomarse la foto” por el dolor de las víctimas.
El jefe del ejecutivo federal manifestó su deseo de que los trabajadores atrapados dentro de la mina en Sabinas, Coahuila, puedan ser rescatados con vida y también pidió que se concentren los esfuerzos en el rescate y no sobre las responsabilidades de este accidente. “Las investigaciones sobre los responsables, los permisos, las inversiones, todo eso lo estamos dejando para después, ya sabemos quiénes tenían las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón, todo, pero no hablemos de eso ahora, vamos a buscar salvar a los mineros, a rescatarlos”. Ya las autoridades judiciales se encargan de las investigaciones, acotó.
Siempre se ha reiterado que no es válido que cuando hay algún caso así, o de violencia, feminicidio o ataques en contra de las mujeres, no se debe de victimizar para evitarle mayores problemas a las afectadas, y ahora el primer mandatario hace lo mismo al referirse a lo que escuchó de los familiares de los atrapados en el pozo minero de Agujita, comunidad perteneciente al municipio de Sabinas, Coahuila.
Se victimiza para atraer a sus electores a una de las causas, que si no fue el gobierno que la ocasionó, su negligencia si la provocó.
Aquí hay que recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó desde el 2008, sobre los riesgos en dichos pozos mineros, particularmente en la región carbonífera, sobre todo, de la modificación de cauces de agua, por parte de la industria minera, y que significaba un gran riesgo para trabajadores y zonas habitacionales aledañas a las minas, debido a la explotación ilegal de carbón en Sabinas, Coahuila, de la cual forma parte la comunidad Villa de Agujita.
El 22 de noviembre del 2018, en el ocaso del gobierno de Enrique Peña Nieto, la CNDH emitió la recomendación 62/2018, en la cual pidió a las autoridades estatales y federales iniciar un programa de inspección en la región carbonífera del estado. Advirtió sobre el peligro que suponían en ese momento las técnicas de extracción del mineral de manera artesanal o a base de pocillos, debido a que son considerados riesgosos.
Se ordenó revisar la vigencia de los títulos de concesión y el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios, permisos y autorizaciones previstas en la Ley Minera, para evitar violaciones a las garantías de trabajadores y habitantes. Y ahora resulta que no se quiso dar los datos correspondientes a la concesión de dichas minas, y fue debido a las investigaciones periodísticas que se conoció información sobre el particular.
Incluso, se detalló que las autoridades del país incurren en responsabilidad al no prevenir, investigar y sancionar la extracción de carbón en el municipio de Sabinas, lo que desde ese momento provocó riesgos para la gente. También, en 2015, representantes de organizaciones civiles presentaron un escrito ante la CNDH, en el que refirieron diversas violaciones a los derechos humanos, con motivo de la extracción de carbón mineral en las localidades de Agujita y Cloete, ambas pertenecientes al municipio de Sabinas. Por su parte, Cristina Auerbach, vocera del Colectivo Pasta de Conchos en Coahuila, denunció que el 90 por ciento de las minas de carbón está en riesgo de colapso y son trampas de muerte.
Por su parte, los legisladores Napoleón Gómez Urrutia, -líder del sindicato de mineros-, y el senador Armando Guadiana, señalaron que, ante esta tragedia, existe una responsabilidad directa del gobierno de Miguel Riquelme, tratando de lavarse las manos.
Lo que es ya conocido por los mexicanos, es que se canalizan muchos recursos, personal -hay más de 500 entre miembros del Ejército, Guardia Nacional, personal del Estado y municipal-, y muchas palabras tratando de justificar la actuación de las autoridades responsables, así como esperanza para los familiares de que se hace todo lo posible por rescatar a los mineros y hasta ahí, ya que el tiempo será el mayor responsable del olvido de esta tragedia y tal vez por la falta de participación ciudadana.
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