Laberinto que Tiene 4 Salidas, Resultado del “Decretazo”
*Es Inconstitucional y Rompe el Equilibrio
De Poderes
*Inviable el Reclamo en la SCJN de Parte
del Congreso
*Corresponderá a la Corte Salvaguardar la
Constitución
*Los Ciudadanos Perderán la Policía Civil;
Será Militar
*Un Paso más Hacia un Gobierno Dictatorial:
Jorge Triana
GERARDO LAVALLE
¡El Presidente López Obrador ganará la primera batalla!
¿Perderá la guerra?
Corresponderá a los 11 generales y generalas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, librar la batalla más severa que se recuerde en tiempos de paz -oficial- y en el marco de la Constitución: validar o declarar inconstitucional el decreto por el cual la Guardia Nacional es adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El laberinto en que ha metido el presidente de la República al sistema constitucional, tiene 4 salidas: las acciones de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, la suspensión de entrada en vigor del Decreto y el amparo.
Solamente una tendría efectos inmediatos: la suspensión siempre y cuando la ordene la Suprema Corte.
Los demás, con validez jurídica irreversible, podrían tardar uno, dos, tres, cuatro años o toda la vida al no entrar en el fondo del asunto.
Elementos para contravenir el Decreto, sobran: violación a la Constitución en su artículo 21, violación a la Ley de la Guardia Nacional en todo su texto, violación a la Separación de Poderes al publicar un acuerdo administrativo sin pasar por el Congreso de la Unión y quiebre de la división de poderes.
El fondo, sin embargo, es que publicado el Decreto y fijada la fecha de su entrada en vigor, solo hay un camino: la suspensión que aplique la Corte para pueda detenerla.
Y para tal efecto, tendrían que ser los presidentes de las Cámaras de Senadores o Diputados los que soliciten el procedimiento. Es algo literalmente inviable. Por lo menos hasta el final de agosto cuando quienes presidan las mesas directivas serán relevados. Los de hoy, son afines al gobierno. En el senado, Olga Sánchez Cordero. En la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
En 2020, la presidenta de la Cámara baja, Laura Rojas, presentó la solicitud de suspensión por la decisión de militarizar la Guardia Nacional y la Corte lo concedió. El tema sigue sin ser discutido el fondo.
¿Qué orilla al presidente a tomar la decisión de firmar un decreto para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa?
1.- La iniciativa para reformar la Constitución y llevar a la GN a la Sedena como su cuarto brazo armado, no sería aprobada. Al requerirse mayoría calificada, los partidos del oficialismo, no la alcanzan.
2.- Ante el insalvable escollo -por el momento-, reformar la Ley de la Guardia Nacional es una salida y plasmar en su texto la adscripción. Las reformas podrán ser recurridas por legisladores, gobernadores, la CNDH, el INE y particulares.
3.- Al pasar la GN a la Sedena, la parte administrativa irá al Ejército, con lo cual se hará si no imposible sí difícil, auditar el uso de los recursos públicos utilizados durante el tiempo en que la institución de orden civil operó bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
4.- Se eliminan por el decreto justificar el manejo de miles de millones de pesos, se modifica el texto de la Ley de la Guardia Nacional y se evade la responsabilidad que señalaría la Ley de la Administración Pública Federal.
EL EFECTO DEL DECRETO,
PRODUCIRÁ EL CAOS
Sin haberse conocido el texto del decreto y sus fundamentos, las opiniones, sin embargo, son coincidentes: creará el caso en el sistema constitucional y judicial.
El magistrado Horacio Armando Orozco Hernández, presidente del Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, advierte que el tema escalará en cuanto a las controversias y acciones de inconstitucionalidad porque, sin duda, viola la Constitución y la Ley reglamentaria de la materia.
Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, apunta: la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, confirmaría la total militarización, porque los integrantes y los mandos serán soldados.
Jorge Triana Tena, vicecoordinador de los diputados del PAN, precisa: de facto la Guardia Nacional está militarizada.
El diputado federal advierte que, conforme a Ley de la Guardia Nacional, en 2024 todos los militares que formen parte de la institución deberán regresar a los cuarteles y advierte que con la adscripción que busca el presidente “no mejorará la seguridad”-
Recuerda que dos decretos presidenciales han sido frenados: el de la Energía Eléctrica y Educación.
“No debe saltarse al Congreso”, apunta
El asunto, dice el magistrado Hernández Orozco, es “novedoso”, porque en principio se desaparece una institución cuya función es la seguridad pública y, como señala el artículo 21 de la Constitución, es responsabilidad de civiles.
Señala que amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales serán las herramientas con las que cuenten quienes consideren que se afectan las libertades y, fundamentalmente, se violan la Constitución y la Ley reglamentaria.
Por su parte, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora senador y coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara alta, reflexiona en las consecuencias del ahora conocido como “decretazo” y establece que el cambio administrativo terminará por legalizar lo que de facto ya es: la militarización de la seguridad pública.
En este punto, el diputado Triana Tena coincide y califica al Jefe del Ejecutivo federal de “nefasto”, saltarse la Constitución y hacer lo mismo con el Congreso de la Unión.
CIUDADANOS SIN
POLICÍA CIVIL
Durante las entrevistas sostenidas con MISIÓN POLÍTICA se planteó la pregunta:
¿Nos quedaremos con una policía militar?
Jorge Triana responde:
“De facto ya la tenemos. El presidente solamente legaliza la acción de la Guardia Nacional”.
Miguel Ángel Mancera señala: “Es difícil afirmarlo. Sin embargo, se plantea así y sorprende que un organismo civil esté bajo el mando castrense”.
Horacio Armando Hernández Orozco, dice: “Todo apunta a que así será”.
El vicecoordinador de los diputados federales del PAN sostiene que para la existencia de una “policía militar” implica reformas constitucionales que no logrará el presidente López Obrador. Sin embargo, como dará el paso sin detenerse, la preocupación es clara: entramos en la recta de una dictadura.
“Los integrantes de la Guardia Nacional están facultados para realizar acciones administrativas, es decir, pueden lo mismo levantar multas de tránsito que catear un domicilio.
Ahora, si se concreta la adscripción del organismo a la Secretaría de la Defensa Nacional el riesgo de que allanen domicilios sin órdenes judiciales y lo hagan en función de coadyuvancia al ministerio público, aumentará exponencialmente”, declara.
Precisa que tanto el ejército como la GN no actúan porque tienen órdenes no hacerlo y solamente responde, cuando lo hacen, a la agresión recibida de parte de grupos criminales. Hay que aclarar, apunta, que las investigaciones que se realizan, parten del Centro de Inteligencia Militar no de cuerpos civiles como el extinto CISEN.
El actual y sustituto del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, está adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y a cargo del general de división en retiro, Audomaro Martínez Zapata, quien ha acompañado al presidente López durante la última década.
LO QUE DICE LA
CONSTITUCIÓN
En el artículo 21 Constitucional, en el párrafo XI se precisa:
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas (…)
Y en el penúltimo párrafo se ratifica:
La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.
El diputado Triana Tena advierte que los militares no están entrenados para acciones preventivas en materia de seguridad pública. La capacidad de inteligencia con que cuentan las secretarías de la Defensa y Marina, se enfoca en temas federales, no estatales ni municipales. El trabajo que desarrollan corresponde al fuero federal y no al común.
EL DECRETO Y LOS
TIEMPOS JURÍDICOS
Aunque los juristas y expertos constitucionalistas reconocen la violación flagrante a la Constitución que el presidente protestó cumplir y hacer cumplir su contenido y las leyes que de ella emanen, alertan sobre los tiempos jurídicos.
El Decreto entrará en vigor en la fecha que fije la publicación del Diario Oficial. Antes es imposible recurrir al amparo de la justicia federal “porque no hay materia”. Ésta, afirman, se construye en el momento de tener vigencia jurídica.
El magistrado Hernández Orozco estima que el Decreto entrará en vigor y a partir de ese momento los legisladores que así lo consideren, podrán presentar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y, en su caso, amparos.
Mientras se resuelven las solicitudes y quejas, la Guardia Nacional ya estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional lo que dificultará la toma de decisiones del Poder Judicial de la Federación, coinciden los entrevistados y versiones de otros juristas.
A ciencia cierta en el imaginario del ciudadano existe temor por el cambio. No por ser conocedor de las reglas jurídicas sino porque los militares actúan como tales no como policías civiles.
