- En el encuentro convocado por el TEPJF y la ATERM integrantes de la academia, sociedad civil e impartidores de justicia electoral, analizarán temas jurisdiccionales relevantes y de protección de derechos político-electorales.
- En el acto inaugural se coincidió en que no se debe poner en duda el trabajo de los tribunales electorales, sino que deben ser fortalecidos.
Con el fin de analizar el marco normativo y las decisiones de los órganos impartidores de justicia electoral, aprovechando la experiencia a nivel federal y local, lo que permitirá contribuir a la constante profesionalización de estos órganos jurisdiccionales y hacer mucho más eficiente el ejercicio de sus funciones, inició hoy el Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C (ATERM), en Mérida, Yucatán.
En este encuentro nacional, que se llevará a cabo durante dos días, representantes de la academia, sociedad civil y los impartidores de justicia electoral federales y locales, establecerán un espacio de diálogo ciudadano en el que también analizarán temas jurisdiccionales relevantes y de protección de derechos político-electorales de grupos de atención prioritaria.
Durante el acto inaugural, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, expuso que los juzgadores electorales son el bastión de la justicia y tienen un rol de guardianes de la democracia. El deber de los tribunales electorales, resaltó, es hacer efectivo el Estado de derecho, y comprometerse con una justicia abierta, cercana a la ciudadanía y con un uso racional de los recursos públicos.
Cuando se desacatan las sentencias de los tribunales y no se reconocen los mandatos constitucionales, expuso el magistrado presidente Rodríguez Mondragón, el riesgo es abonar al desencanto generalizado que existe sobre la democracia, no solamente en México, sino en toda América Latina.
El costo de la justicia electoral, subrayó, si bien se puede medir en pesos, también se tiene otro lado que es la de generar una serie de beneficios, toda vez que también se puede calcular el costo de que los conflictos electorales se resuelvan por la vía no pacífica y ello sería más alto que la inversión en tribunales locales y el federal, resaltó.
Por su parte, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, aseveró que nadie debe poner en duda que en la actualidad la justicia electoral de México, tanto en su vertiente local como federal, funciona y goza de cabal salud, por lo que resulta equivocado pretender desaparecer la justicia electoral local.
El magistrado Felipe de la Mata subrayó que es fundamental señalar que la justicia electoral del país canta, en distintos escenarios, a una sola voz, por lo que intentar eliminar lo que sí funciona, es transitar por un camino equivocado, pues desaparecer la justicia local sería perder la visión estatal de los problemas, para solo tener una visión centralista. De modo que, afirmó, más allá de querer desaparecerlas, se requiere fortalecer su imparcialidad y autonomía presupuestaria, así como organizacional y decisoria de la justicia electoral local.
A su vez, la magistrada de la Sala Superior, Janine Otálora Malassis, destacó que las autoridades en materia electoral tienen la responsabilidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos políticos y civiles para la salud democrática del país; por ello, aseguró que el fortalecimiento de la justicia electoral pasa por entender y asimilar la complejidad de los procesos electorales y encontrar los mecanismos que pongan a la ciudadanía, sus exigencias y necesidades, en el centro del actuar cotidiano de magistradas y magistrados.
Subrayó que, en tiempos de cuestionamientos sobre la viabilidad del sistema electoral mexicano, a los integrantes de la judicatura electoral nacional les compete refrendar su compromiso por el orden constitucional.
Por su parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, dijo que desde el estado se seguirá trabajando de manera coordinada para hacer lo que nos corresponde y contribuir a seguir avanzando hacia un país más democrático y un mejor lugar para todos. Aseveró que los yucatecos están en la misma sintonía de un estilo de trabajo donde no importan las distinciones políticas, sino dar resultados a la gente y, en unidad y con respeto a las atribuciones que la ley da.
En tanto, César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la ATERM, al dar la bienvenida, subrayó que una democracia no es para un beneficio personal, sino debe funcionar para brindar paz social.
En la sesión de inauguración estuvieron presentes, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de Yucatán; la diputada Ingrid del Pilar Santos Díaz, presidenta del Congreso del Estado; Marisol Castañeda Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras; Oswaldo Chacón Rojas, presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, y Gilberto Pablo De Hoyos Koloffon, presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales.
