Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Lo menos que se puede pensar, es que hay una orquestada campaña para aplastar a los líderes de la oposición.
Y surge desde el púlpito guinda instalado en Salón Tesorería de Palacio Nacional.
No se trata de casos aislados. Todos están concatenados.
El primero, toda la furia desatada en contra del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuyo historial político y de comunicación no lo salva ni Dios Padre.
El segundo, la inesperada reactivación de las carpetas de investigación en contra de Enrique Peña Nieto.
El tercero, la renacida del tema del “cártel inmobiliario” de quien, dice Claudia Sheinbaum se inició con Jorge Romero como delegado en Benito Juárez.
Del presidente nacional del PRI, poco hay que decir. Salvo y en su favor, que los audios que lo tienen enterrado en el pantano, fueron obtenido y difundidos de manera ilegal. El contenido es otro asunto y que, con el debido respeto, lo resuelvan el campechano y las autoridades competentes.
El caso del expresidente es de llamar la atención. Para nadie ha sido un secreto la existencia de un supuesto pacto con el sucesor, el que hoy habita en el “modesto” Palacio Nacional.
Dejarlo pasar de noche, no es prioridad presidencial. Por el contrario, avivar el fuego con señalamientos de auto purificación, conlleva una clara presión a la Fiscalía General de la República para que “cumpla con su trabajo” y que no es otro que meter en la misma bolsa de corrupción al expresidente. Y quizá con razón.
Sorprende que se haga pública la información. Es como un aviso para que Enrique Peña Nieto se prepare, contrate abogados eficientes -porque el que tenía está en el reclusorio Norte acompañando a Emilio Lozoya-, hurgue entre los videos y audios, además de documentos, que tiene para salvar el trasero y, finalmente, que “abandone sus frivolidades y lujos”, porque “atentan a la pobreza franciscana”.
De Romero, hoy diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, la segunda fuerza numérica en la Cámara baja, se tendría que decir que “se la tenían guardada”.
Como en el caso de Peña Nieto, se viola el principio de inocencia y se violenta el debido proceso. Tendría el mismo efecto la acusación de la gobernadora capitalina: ¡prepárate¡
Las facturas pendientes, que se mantenían en la caja fuerte, han sido sacadas para ser presentadas y cobrar las deudas.
Moreno y Romero son compañeros de Legislatura. Y si bien el primero no funge como coordinador -porque no quiere y le deja la responsabilidad a Rubén Moreira, que debe consultar todo-, sí comparten comidas y reuniones de trabajo en las que delinean las acciones a seguir para frenar, o cuando menos para irritar a los de Morena, las iniciativas presidenciales que propongan reformas constitucionales.
Molestaron al huésped temporal del Virreinal inmueble que ocupa cuando se pusieron de acuerdo y enviaron al cesto de la basura la cacareada reforma eléctrica.
Habría que añadir que a Romero lo promueven para convertirse en el presidente de la Junta de Coordinación Política, uno de los dos órganos de decisión en la Cámara de Diputados. Y eso también encanija a la gobernadora capitalina.
En política, dicen los que saben, no hay coincidencias. Todo tiene un fin. Cada acción encuentra una reacción. Puede ser tardía, según la óptica con la que se mire. Siempre, sin embargo, tendrá repercusiones.
Aunque salieran los tres mencionados libres de toda culpa, en el imaginario popular, siempre serán culpables. Una forma común, por cierto, de aplastar a las cabezas de los grupos políticos o no. Hay que cortárselas y exhibirlas al pueblo como prueba de que no volverán a ser corruptos.
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