A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
En juicio mundial está la política energética del actual sexenio en México. Y son los países del Continente Americano los primeros que levantaron la mano para criticar el hecho de que, en este gobierno, nuestro país haya tácitamente rechazado y hasta destruido los avances que se tenían en energías limpias, sobre todo las consideradas más importantes y por lo tanto las más reconocidas en el mundo.
Sí, el rechazo del gobierno de la Cuatro-T a las energías solar, eólica, geotérmica e hidráulica, tiene irritados a los ambientalistas de México y el mundo, pero sobre todo a los vecinos del norte Estados Unidos y Canadá, cuyos mandatarios ya levantaron la voz ante las abiertas violaciones, dicen, realizadas por el gobierno mexicano.
Se supone que nuestro país cumpliría con su meta de 35% de generación eléctrica con energías limpias en 2024, de acuerdo con el Consejo Consultivo para la Transición Energética. Pues ya no.
El gobierno de mexicano no está cumpliendo con nada de lo pactado en el pasado. La Ley de Transición Energética contemplaba que para el 2021 30% de la energía eléctrica consumida en el país provendría de fuentes limpias y 35% para el 2024.
Asimismo, 45% para 2036, y que para el 2050 esta cifra sea del 60%, con la intención de contribuir, como país, en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
En tal sentido, la responsabilidad es de diversas instituciones, ya que para generar electricidad a partir de fuentes limpias y renovables, en el anterior sexenio hubo el compromiso de que a través de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (SENER) y de acuerdo con la Reforma Eléctrica, fueron otorgados incentivos con la finalidad de fomentar la participación de los particulares en el desarrollo de la infraestructura que se requiere para el objetivo.
Dichos incentivos eran, en cuanto a los fundamentales:
1.- Un Banco de Energía que permitiera la acumulación de excedentes de energía a los productores bajo el esquema de autoabastecimiento, para ser utilizados en el futuro o ser vendidos a la CFE;
2.- Una Tarifa Preferencial para la transmisión de energía;
3.- Un Esquema de Medición Neta, para proyectos residenciales e industriales de pequeña escala, que consiste en compensar el costo de la electricidad utilizada con la energía aportada a la red nacional.
Esto se supone ya no existe o, por lo menos no se ubica entre las prioridades gubernamentales.
Ciertamente, no estuvo contemplada a fondo en el Informe anual de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, en el cual sólo se dijo que, de enero a octubre de 2021, en el caso de la generación de electricidad a través de fuentes limpias, la CFE produce el 55% y el 45% los privados, “con lo cual se demuestra la capacidad y diversidad de la empresa del Estado”.
Lo que sí dijo es que nos estaban “robando” el sol, lo que causó las carcajadas internacionales.
Además, señaló que de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2021-2035 (PRODESEN), la CFE trabaja en la integración de diversos proyectos para aumentar la capacidad de hidroeléctricas, rehabilitaciones, así como de nuevos proyectos que garantizan el abastecimiento y la reserva eléctrica.
LAS DIFERENCIAS
CON MÉXICO
La actual política energética mundial difiere de la que se desarrolla en México. Mientras por otros lares el modelo energético se caracteriza por un crecimiento constante del consumo, basado principalmente en recursos finitos (combustibles fósiles) y con graves e impredecibles consecuencias en el clima del planeta por la constante emisión de gases de invernadero, en México se contribuye a la creación de energías sucias.
Sí, mientras en el orbe trabaja en nuevas políticas y como dice la Agencia Internacional de Energías Renovables, (IRENA), para lograr el objetivo de mantener el incremento de la temperatura mundial por debajo de dos grados centígrados (2 °C), lo cual, dice, es técnicamente viable, México va por el camino del atasco.
No obstante que la mencionada agencia ha precisado que “…sería económica, social y ambientalmente más beneficioso que seguir el camino marcado por los planes y políticas actuales”.
Agrega: “Sin embargo, el sistema energético mundial debe sufrir una profunda transformación para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, potenciar la eficiencia y dejar paso a las energías renovables. Una transformación energética mundial de esta índole —considerada la culminación de la “transición energética” que ya se está produciendo en muchos países— crearía un mundo más próspero e integrador”.
Nadie lo duda en otras partes del orbe, pero en México se prefiere el desarrollo del antepasado, con un costo elevadísimo para la República y para los mexicanos.
De ahí que, actualmente, México sea el ojo del huracán en la materia y que los mandatarios de Canadá, Estados Unidos hayan puesto del asco a la política mexicana en la materia. Además, Joe Biden y Justin Trudeau sostendrán una reunión con Andrés Manuel López Obrador. Es decir las penas de nuestro país serán absolutas.
Para entonces se verá de que cuero salen más correas, sobre todo porque para la política de las energías limpias (más bien sucias) que desarrolla el gobierno en nuestro país, habrá de revisarse el T-Mec.
Dice el Centro de Investigación de Políticas Públicas que:
“Violación de las disposiciones del T-MEC. Desde sus disposiciones en materia energética, derechos de los inversionistas, comportamiento de las empresas propiedad del Estado, medio ambiente, hasta competencia económica y comercio transfronterizo de servicios, entre otros. Capítulos como los de Inversión, Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados, Medio Ambiente o Solución de Controversias entrarían en conflicto con la política energética de México en caso de que la iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Unión. México corre el riesgo de tener que defender su política energética en paneles internacionales. Estados Unidos y Canadá, al igual que actores privados del sector energético, podrán recurrir a las protecciones que ofrecen tanto el TLCAN como el T-MEC para impugnar la reducción de su participación permitida en el sector, la cual está contemplada en el tratado.
También señala el IMCO:
“Afectación a industrias productoras de insumos, o bien, industrias estratégicas para el crecimiento económico. Si bien los potenciales efectos adversos de la iniciativa de reforma energética alcanzarían a todas las industrias del país, hay ciertas actividades que se verían afectadas en mayor medida dado su alto consumo de electricidad; el deterioro en su desempeño impactaría al resto de la economía nacional”.
Además advierte (en un documento dado a conocer el febrero pasado):
“México necesita un mercado energético competitivo que busque fortalecer la economía mexicana, y que refrende el compromiso con el Estado de Derecho para detonar mayores niveles de inversión”.
Y en el contexto del Parlamento Abierto propuso:
1.- “Incluir a México en carta paralela EUA-Canadá de cooperación donde se plasman una serie de compromisos en materia de cooperación energética, especialmente referentes a medidas regulatorias y transparencia regulatoria, así como disciplinas relacionadas con el acceso a infraestructura de transmisión y ductos.
2.- Invertir en infraestructura energética transfronteriza y en energía e infraestructura logística en América Central.
3.- Facilitar el desarrollo de nueva capacidad instalada a partir de energías limpias.
Es así que el escándalo mexicano por ir contra la naturaleza seguirá en el mundo y la reunión que se avecina entre los tres de América del Norte no será tan sencilla para los mexicanos.
