ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO
*Excusas, Pretextos y un Largo Etcétera Para Justificar y Continuar la Construcción
*Como Acostumbra se Aferra a Sacarlo Adelante, sin Importar Consecuencias
*Ello no Obstante las Irregularidades que Perjudican Irremediablemente el Área
*Y el Avance se Registra en la vía del Conflicto y la Confrontación, Pauta Para los Amparos
*La Legalidad y la Ética Sustituidos por la Mentira, el Engaño y la Imposición.
Ante la ola de amparos promovidos para detener el ecocidio provocado por la construcción del tramo cinco del emblemático proyecto del Tren Maya, donde se obtuvieron diversas suspensiones decretadas por jueces de Distrito, el gobierno federal tuvo la brillante idea de declarar la obra a través del Consejo de Seguridad Nacional, como prioritaria y tema de seguridad nacional.
La que fue anunciada junto con el AIFA y la Refinería de Dos Bocas, como uno de los tres grandes proyectos de la administración de la 4T, asignada a la Secretaria de Turismo, a efecto de crear todo un corredor con el objeto de potencializar la industria sin chimeneas en el sureste del país, ofreciendo un medio de transporte principalmente para los turistas, planteando que será un motor de desarrollo y empleo en una región subdesarrollada.
Desde su inicio el proyecto ha sido polémico y controvertido, particularmente por la destrucción al medio ambiente y de zonas arqueológicas, provocando un impacto social que se ha extendido a lo largo del país, ocasionando conflictos legales y controversias jurídicas.
El gobierno ha dado toda clase de excusas, pretextos y un largo etcétera al respecto, para justificarse y continuar con la construcción del proyecto, pese a que se han detectado una serie de irregularidades que perjudican irremediablemente el área, revelando la falta de previsión y planeación, sin embargo, como es costumbre se aferra a como dé lugar a sacarlo adelante, sin importar consecuencias.
Así, el camino elegido por el gobierno, como regularmente ocurre en este régimen, es el del conflicto y la confrontación, dando pauta a los juicios de amparo.
Ante ese escenario, viendo los riesgos legales que implican los amparos, la administración se puso a elucubrar la forma de darle la vuelta al asunto y decidió clasificarlo en el ámbito de la seguridad nacional a través de una declaratoria y, con ello, evadir las quejas presentadas ante los tribunales.
A efecto de sostener el argumento, inmediatamente se puso la obra con cargo a la Secretaria de Gobernación y de la Secretaria de Seguridad Pública, catalogándola en carácter de prioritaria, debido a ello, la intervención de las instituciones turísticas momentáneamente queda en un papel marginal, aun y cuando el proyecto es eminentemente turístico.
Si nos echamos un clavado a la legislación de Seguridad Nacional, resulta complicado adecuar la obra en construcción en ese apartado, en realidad se requiere una interpretación sumamente extensiva para estar en posibilidad de incorporarla a ese ámbito, dada su naturaleza.
La cuestión no se limita a la clasificación del proyecto, sino a la perversidad de la decisión, pues en el fondo lo que se trata es evadir la acción de la justicia a ojos vistos. Viniendo esas conductas de particulares puede ser explicable, sin embargo, cuando se trata del poder público resulta por decir lo menos inconcebible.
Los principios de legalidad, respeto a los derechos fundamentales, ética en el ejercicio de la función pública, por lo visto han sido sustituidos por la mentira, el engaño y la política de la imposición.
