Restantes 42 días para el plebiscito que definirá si se aprueba o no la nueva constitución en Chile, el presidente Gabriel Boric se convirtió en protagonista principal de la ratificación de la Carta Magna propuesta, al diferenciar entre los escenarios de incertidumbre que significan prolongar o no la indefinición constitucional, un paso que desató instantáneamente la furia en la derecha que promueve el rechazo, acusándolo de intervencionismo electoral y de ser «el jefe» del apruebo.
El 4 de septiembre próximo, 15 millones de electores deberán decidir obligatoriamente acerca de si respaldan o no el texto emanado de la Convención Constitucional (CC) que sesionó durante un año hasta el pasado 4 de julio, cuyo contenido define a Chile como «un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico», a la vez que «practicante de una democracia inclusiva y paritaria, donde la dignidad, libertad e igualdad de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza son valores intrínsecos e irrenunciables».
Pero una campaña de bulos desplegada en redes sociales y en los medios derechistas, logró instalar que la propuesta constitucional divide al país al reconocer derechos territoriales indígenas, que es partisana y revanchista y que conculca la propiedad privada o la libertad de educación.
Todas son falsedades, para muestra un botón: un ex convencional derechista dice en sus redes sociales que, según la nueva constitución, «aquellos que se auto denominen indígenas podrán reclamar cualquier parte de Chile como propiedad de ellos y el Estado tendrá el deber de garantizar que se les entregue»; a ello el experto constitucional Claudio Fuentes responde: «Fake, fake, fake; no, esto no es así, la nueva constitución no plantea lo que dice este señor; lo que sí plantea es que la propiedad de las tierras indígenas goce de protección de parte del Estado, tal como se viene haciendo desde 1993; no es que los pueblos originarios vayan a poder reclamar cualquier tierra en Chile, va existir un procedimiento de catastro, regularización y demarcación de las tierras reclamadas por los pueblos originarios».
Hasta hace dos semanas y transcurridos cuatro meses de su mandato, el presidente chileno había prescindido de un despliegue territorial intensivo, era notoriamente escasa su presencia en las regiones del país emproblemadas por la migración ilegal o la delincuencia y particularmente en comunas populares, aquellas que le dieron la victoria hace tan solo siete meses.
Pero Boric, que como presidente de Chile está impedido legalmente de hacer campaña a favor o en contra de cualquier opción electoral, decidió lanzarse al ruedo con los resguardos constitucionales que corresponden y desde inicios de julio se dedica a marcar presencia en ciudades, barrios y comunidades socialmente frágiles y postergadas, recalcando el momento histórico que está en juego y las bondades o defectos de aprobar o rechazar, respectivamente.
Nadie duda de su opción y de que apostando su capital político a favor de la nueva constitución, porque sabe que el éxito de su presidencia depende en buena parte del triunfo del «apruebo».
Fue así como el presidente hizo dos jugadas magistrales. La primera fue declarar que prescindiblemente del triunfo del «rechazo» o del «apruebo» el 4 de septiembre, el proceso constituyente deberá continuar, tanto porque el texto heredado de la dictadura pinochetista está socialmente derogado, o porque hay que mejorar e implementar el texto propuesto. La segunda fue plantear que resulta en menor incertidumbre aprobar la nueva constitución para después mejorar su contenido, que confiar en las promesas derechistas de «rechazar para reformar» en que se embaucó la derecha.
«No permitamos que las mentiras se impongan. Acá hemos escuchado, muchas veces, cosas que no tienen que ver con la realidad. Y por eso es importante que la gente conozca el texto, que puedan comparar entre lo que hay hoy y la propuesta», dijo Boric en su más reciente visita el viernes a la comuna popular de Peñalolén, en Santiago.
