La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció en una carta pública en formato de audiovisual la grave situación que se vive en Argentina, ante las irregularidades cometidas por el llamado “Partido Judicial”, que reúne a jueces y fiscales que utilizaron la justicia durante el pasado gobierno del derechista ex presidente Mauricio Macri para perseguir a sus opositores y crear una cantidad de causas falsas, con apoyo de la prensa, como el Grupo Clarín, y que continuaron con su acción durante la actual administración del Frente de Todos.
La ex mandataria por dos periodos consecutivos (2007-2015), centro de una persecución política, que incluye a su familia, analizó con precisión lo actuado desde que Macri llegó al gobierno, hasta la designación por decreto de dos nuevos jueces de la Corte Suprema, violentado las leyes y la Constitución nacional.
El presidente Alberto Fernández avaló este martes las críticas de la vicepresidenta al asegurar que la justicia “está ilegitimada” y que necesita de manera urgente una reforma profunda y democrática», que él mismo había adelantado al solicitar de manera oficial que se debatiera en el Congreso dicha reforma judicial, rechazada por la oposición.
Recordó el mandatario que durante el gobierno de Macri la Corte Suprema mantuvo una actitud de pasividad, lo que permitió la persecución de opositores y reprobó que el juez nombrado a dedo por el ex presiente en la Corte, Horacio Rosatti, se votara a sí mismo como titular de la Corte y el Consejo de la Magistratura, algo de inusitada gravedad institucional.
La denuncia de la vicepresidenta causó un fuerte revuelo, ya que también abarca al accionar de los medios masivos de comunicación, como lo hicieron y siguen haciéndolo en toda América Latina.
Por su parte, el ministro de Justicia y derechos humanos, Martín Soria, consideró que lo denunciado por la vicepresidenta y presidenta del Senado “resumió lo que la gran mayoría de argentinos piensan y admitió que el máximo tribunal de Justicia “está totalmente degradado”, al advertir que uno de los objetivos de este accionar podría ser la proscripción de la ex mandataria con miras a los comicios que se realizarán en 2023. Lo mismo denunció el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, y entre otros el juez, Juan Ramos Padilla, quien está al frente de las grandes protestas populares por la ilegitimidad de la nueva Corte Suprema.
Se consideró que es muy probable que el año que viene, en la antesala a las elecciones, salga un fallo “sin pruebas” donde van a “inhabilitar a Cristina Kirchner” para su candidatura, dijo Ramos Padilla, y analizó que la vicepresidenta es “la persona más perseguida del país por la mafia que se apoderó de la Justicia”.
También sostuvo que el máximo tribunal “está preparando un golpe de Estado al estilo (Jair) Bolsonaro”, refiriéndose a lo sucedido en Brasil en 2016, tanto para destituir, vía Congreso, a la ex presidenta Dilma Rouseff, como para a encarcelar en forma totalmente ilegal al ex presidente Luiz Inacío Lula Da Silva , montando una causa falsa, por la que estuvo en prisión más de 580 días, impidiendo su participación en elecciones. En 2019, el ex mandatario brasileño salió en libertad y en 2021 la causa fue anulada, en una justa medida, por la falta absoluta de pruebas.
“Ya sabemos desde el año pasado que se viene una condena para Cristina sin pruebas (…) La Corte antes de que empezara la campaña electoral pidió el expediente de Vialidad, aparecieron dos tapas de Clarín y ahora nuevamente ya sabemos que va a salir esa sentencia. Se viene un golpe de Estado al estilo Bolsonaro”, comentó.
La vicepresidenta añadió este martes a su denuncia que “50 por ciento de esta Corte fue propuesta por (Fabián) Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay”, tal como se lo recordó el periodista Víctor Hugo Morales”, y añadió una entrevista de periodistas con Macri donde éste reconoció que fue el operador judicial macrista quien le dio la idea de nombrar por decreto a dos nuevos jueces: Rosatti ys Carlos Rosenkrantz.
«Los cuatro integrantes de la Corte es un poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor», y de tener «escrita» y «firmada» la sentencia en su contra por la causa por la obra pública en Santa Cruz».
La declaración de Fernández de Kirchner se conoció poco después de que el máximo tribunal, compuesto por Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazara sus tres planteos contra la forma cómo avanzó el proceso en la causa que investigó la licitación de obras viales en favor del empresario Lázaro Báez, todo lo cual es falso.
