Sin duda, la noticia de la semana pasada fue la captura “sorpresiva” de Rafael Caro Quintero, que opacó los “logros” presidenciales “obtenidos” durante la visita del presidente López a Washington.
Durante 4 días después de la detención del criminal, el presidente de la República guardó silencio. Simplemente no abordó el tema. Ello, a pesar de que la directora de la DEA, Anne Milgram, anunció en un comunicado que elementos de la agencia participaron junto con personal naval en la aprehensión del llamado hace tres décadas “el narco de narcos”.
Este lunes, el huésped temporal de Palacio Nacional abordó el asunto “someramente” y respondió que “eso lo va a decidir la autoridad competente”, al ser cuestionado si está de acuerdo sobre la extradición de Caro Quintero a EU. No hay impunidad para nadie, añadió. Y puntualizó que no cree que aumente la violencia en Sonora por la aprehensión. Rechazó que la DEA haya intervenido en el operativo de Marina. “No es como antes”, afirmó.
Luego dedicó tiempo para hablar de la orden que ha girado para investigar a los jueces que otorgaron amparos a las empresas de Iberdrola, que suspendieron la cancelación de contratos desde el año pasado. Y fijó su crítica en aquellos que otorgaron el amparo que impide al Sistema de Administración Tributaria cobrar la multa de más de 9 mil millones de pesos. Un tanto invasión de poderes, al ignorar que el Poder Judicial de la Federación es independiente.
En materia de producción alimentaria para que México sea autosuficiente, señaló que desde Carlos Salinas de Gortari se entregaron los bienes del país y por ello ahora se carece de fertilizantes en cantidades que se requieren.
“El objetivo es la autosuficiencia alimentaria porque los neoliberales, para variar, acabaron con las plantas de fertilizantes”.
Ignoró reconocer que la planta de Agronitrogenados, motivo de la detención del empresario Alonso Ancira y parte de la acusación en contra de Emilio Lozoya, estuvo sin operar de 2018 a 2020 y se dejó de producir. Sin embargo, durante su visita de “pisa y corre” a la Casa Blanca, acordó con el presidente Biden la adquisición de miles de toneladas de fertilizantes y, además, 20 mil toneladas de leche deshidratada.
Los fertilizantes serán entregados a los campesinos, ejidatarios, quienes son los productores que carecen de recursos para sembrar granos y después cosecharlos para distribuirlos en el mercado nacional.
Ayer mismo sacó otro tema: ordenó al procurador del consumidor investigar -algo que no está en su esfera y que de suyo es conocido- los salarios de todos los servidores públicos del Gobierno federal, incluidos gabinete legal, ampliado y directores de empresas estatales. La intención es exhibir a quienes ganan más que él. Se ampararon para ganar dos y más veces el salario que obtiene el Presidente de la República, expresó en su mañanera.
La orden fue expresa y precisa: “Todo el gobierno, cuánto gana un juez, un magistrado, un ministro, un diputado, un senador, un consejero del Instituto Electoral, estos magistrados, los directores de empresas paraestatales, los del Banco de México, para ver cómo andamos y desde luego el Ejecutivo”.
Con los amparos que impiden reducción de salarios, afirmó “están violando la Constitución”.
De la inflación, nada.
