ALFREDO MEJÍA MONTOYA
Nuestro país inmerso ya en una vorágine de seguridad pública, en la que las estrategias utilizadas no reducen las conductas criminales de la delincuencia organizada (DO) de la desorganizada y por supuesto de la oficial también. Donde la sociedad inerme espera que el Estado ejerza sus funciones y afronte la serie de actos criminales que se suceden día con día, y el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus matinales, minimizando la delincuencia que tiene asolado al país, aduciendo para variar, que solo son ataques de los conservadores, de los neoliberales, de sus adversarios sin señalar quienes son, y hacer así, nugatorio el derecho constitucional del ciudadano de tener seguridad por parte del Estado, política pública que no ha dado resultados desde los inicios en que asumió el poder y tratar de solucionar como lo dice desde que comenzó su mandato. Tantas omisiones de las anteriores administraciones, y simplemente en el ámbito de esta materia, ha sido rebasado como presidente, como Estado y como gobierno, llegándose a considerar su actuación como un estado fallido, por su inoperancia e ineficacia en esta política pública.
López Obrador ha sido rebasado por la avasalladora acción criminal de la delincuencia organizada con una de serie de crímenes genéricos y específicos, como: los feminicidios que están incontenibles; las extorsiones a todo aquel que ellos elijan presencial y digitalmente; los secuestros, levantones de jóvenes para iniciarlos en la delincuencia y a su servicio; los derechos de piso y renta de espacios a las parroquias, pequeños y grandes negocios, tienditas, a los ciudadanos, a los permisionarios y dueños de vehículos del servicio público ya sean oficiales o del sector privado; desaparecidos; control de los migrantes que cruzan el territorio nacional; el control de productos perecederos como lo fue el limón, el aguacate y otros que se reflejan en los precios de la canasta básica; autorizaciones y permisos para operar y transitar en determinados espacios y carreteras controladas mediante retenes y, tráfico de personas; hasta la decisión e invasión a la democracia de poner a titulares de niveles de gobierno estatal o municipal, sobre todo estos últimos.
La DO parece ya un ciudadano más, con los mismos derechos que los que no se dedican a delinquir como norma de conducta. El inquilino en palacio los defiende y dice que también son seres humanos y deben tratarse por igual, por ello su estrategia de abrazos no balazos, ya llenó más los panteones municipales y privados, no hay límites, y la ciudadanía inerme a ante todos aquellos delincuentes que andan armados hasta los dientes, y la única acción del gobierno federal en tratándose de delitos de carácter federal, es ofrecer abrazos…no balazos, pero por lo menos, debiera haber investigaciones que conduzcan al esclarecimientos de los actos criminales, su capacidad de reacción es nula e inoperante.
Si nos adentramos a todas las actividades de la delincuencia organizada, estamos viendo el nacimiento ya desde hace algunos años por supuesto, que no de ahora, de un Estado paralelo al institucional.
Porque consideramos esa posibilidad. Analicemos someramente las similares y principales características del estado. El Estado cuenta con una población permanente; en un territorio definido y; un gobierno institucional; se rige por medio de leyes que limitan o incentivan su actuación de los entes privados y del sector público, denominándose estado de derecho, y que requiere de recursos para operar y que provienen de contribuciones lícitas de los contribuyentes.
Las formas de gobierno son puras e imperfectas como la monarquía, aristocracia y democracia; impuras o corruptas, degeneradas de las perfectas, como la tiranía, oligarquía y demagogia.
Si observamos la similitud que existe en la estructura de la delincuencia organizada, en relación con los gobiernos institucionales con asombro nos percatamos, de que es muy parecida o casi similar a la de un gobierno institucional, sin serlo.
La delincuencia organizada cuenta con una población que crece a cada día con los levantones y adeptos que llegan para unirse al grupo. Y por ende se convierte en permanente; asimismo tienen un territorio donde opera y reside generalmente el líder principal, con un gobierno denominado Cártel y todos sus adeptos con sus diferentes grados y jerarquías son gobernados por el Jefe del Cártel. Ellos crean sus propias leyes, se rigen por normas dentro de sus actos criminales. Y por supuesto, también requieren recursos y los cobran a la población como aportaciones, contribuciones provenientes de extorsiones, rescates, rentas de piso y de bienes y servicios, entre otros.
El avance de la delincuencia organizada llámese Cárteles, es territorial y político, que está abarcando, no, como dice López Obrador en sus matinales, que solo son cinco o seis estados. Simplemente con la recopilación de Mauleon, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 28 estados, y solo es una de las 16 organizaciones criminales que operan en México.
Sin embargo, hay otro grupo que domina no solo territorios del país, sino que ha extendido sus negocios y operaciones más allá de las fronteras, Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Sí, el Cartel de Sinaloa, que tiene presencia aproximadamente en el país en 23 estados. Asimismo, está el Cártel del Golfo, que extiende sus dominios en estados que circundan el Golfo de México, Nuevo León y Coahuila.
En las zonas centrales del país, medularmente en el Bajío, predomina el Cártel de Santa Rosa de Lima: el Cártel del Noreste sigue en contubernio con los Zetas en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. En la zona sur, en Guerrero están los Beltrán Leyva con todas las organizaciones de Guerrero y Morelos, y organizaciones locales como Guerreros Unidos, los Rojos, el Comando Tlahuica, etcétera.
Otra forma de delincuencia organizada es la de robar, extraer y traficar hidrocarburos, el llamado Huachicol, comandado por el entonces Sergio Carmona Angulo. Huachicol, del que López Obrador afirmó que el gobierno federal había acabado ya con esa práctica delictiva, sin embargo, actualmente operan al amparo de alguien poderoso que les permite trabajar aun a la luz del día. Las notas en los medios que escalaron antes de las elecciones de junio 2022 afirmaron que este grupo delincuencial operó también con fondos, infraestructura y logística en favor del partido oficialista.
Entonces, ¿estaremos viviendo en la actualidad con un gobierno paralelo? criminal por naturaleza, el cual convive con toda la población, la utiliza y la victimiza, para sus beneficios. ¿Estarán infiltrados ya a estas alturas en los gobiernos municipales y estatales? La duda pareciera ofender, pero al cabo del tiempo hemos ido observando que cada vez más tienen plena injerencia en los eventos electorales del país, como sucedió en una forma escandalosa en el 2021, en que colaboraron con el partido oficialista a ganar todas las gobernaturas del área del pacífico, ¿por qué? porque por ahí están los puertos marítimos por donde llega y entra en grandes cantidades los precursores para las drogas sintéticas como las anfetaminas o el fentanilo.
En consecuencia, tal parece que la ciudadanía se debe acostumbrar a convivir con los centros fijos de distribución de drogas y productos que laceran la salud de la población, productos que los narcomenudistas comercian en miles de esquinas, plazas, jardines, centros de diversión, antros y estadios, escuelas y transporte público, en todas las ciudades del país, ante la inacción impávida de las autoridades federales, estatales y municipales.
¿Tendremos que acostumbrarnos a caminar sobre ríos de sangre, desapariciones, el llanto y lamento de las madres, la impotencia de la sociedad de no poder combatir a esa delincuencia como si fuera ya otro estado paralelo? Porque el gobierno federal, el gobierno institucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en casi cuatro años, no se ha percatado de que la supuesta estrategia contra la delincuencia organizada no ha tenido éxito, al contrario los grupos criminales avanzan día con día, que nos obliga a concluir que estamos inmersos en un estado fallido al no tener la capacidad e inteligencia para contrarrestar esa delincuencia. Dentro del mundo surrealista, pareciera que el cubrebocas será opcional en la quinta ola del Covid-19 y el chaleco antibalas será obligatorio, y la pregunta obligada sería, ¿quién le rento nuestro país a la delincuencia organizada?
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