*Suposición: los Puentes de Comunicación Entre
el Gobierno y la Delincuencia sí Existen
*El Debate ya Cayó en el Contrargumento de Baja
Calidad, Circular y Cercano a una Guerra de Lodo
*Cada Sucesión es un Vacío de Poder del que se
Aprovechan los Criminales y Amplían sus Espacios
EZEQUIEL GAYTÁN
El concepto “brazo político” proviene de la idea metafórica del corporativismo organizacional que esquematiza que la cabeza es la dirección o el ente pensante, el corazón es el espíritu del equipo de los trabajadores, las piernas son la maquinaria y los brazos son los ejecutores de las decisiones. Consecuentemente es una alegoría que no puede llegar muy lejos y cuya bondad es su fácil comprensión.
Al respecto he escuchado voces en las redes sociales que sin construir una hipótesis sólida concluyen por deducción y sin demostrarlo, que el partido Morena es el brazo político del crimen organizado. Se trata de una conclusión después de observar el trato diferencial y reverencial mediante el cual el presidente de la República se expresa y trata a la criminalidad en México bajo el lema de “abrazos y no balazos”. En otras palabras, sorprenden las decisiones del Ejecutivo Federal, pues pareciera que, en efecto, están orientadas a facilitar la impunidad de los criminales.
Es una conclusión que cada día toma más fuerza, aunque nadie haya podido demostrarla y sorprende que la respuesta gubernamental es que en el pasado hubo presidentes que sí pactaron efectivamente con los cárteles de la droga, pero la actual gestión no lo hace. Con lo cual se aprecia que el debate ya cayó en el contrargumento de baja calidad, circular y cercano a una guerra de lodo.
No sé si el crimen financió parte de la precampaña presidencial del actual gobierno. Tampoco sé si eso ocurrió en el pasado, pero se han manifestado voces de exgobernadores y organizaciones de la sociedad civil ante la Organización de Estados Americanos y otras agencias internacionales que dicen tener pruebas de que en México se han realizado sin escrúpulos y totalmente desapegadas de la legalidad las llamadas “narco-elecciones” bajo el manto protector de la actual gestión. También en los Estados Unidos sus agencias de inteligencia y seguridad nacional han filtrado “investigaciones” de que en nuestro país las organizaciones criminales dominan el treinta por ciento del territorio nacional. Lo cual es un signo peligroso de Estado fallido.
Es cierto que si un gobierno pacta con la delincuencia lo hace con el fin de establecer ciertos límites. Por ejemplo, se ha dicho que desde la década de los años setenta el “acuerdo” consistió en que nuestro país fuera trasiego de la droga, pero no lugar de venta. Que dicho “pacto” se rompió a principios de este siglo y que el “nuevo compromiso” definió una distribución territorial de los cárteles, hasta que el de Jalisco lo desconoció y lo que hoy vemos en nuestro país es una lucha sin cuartel, ni misericordia entre cárteles que han desplegado organizadamente el robo a transeúntes, a comercios, a casa habitación, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de órganos, la prostitución y la producción distribución y venta de enervantes y armas.
Supongo que los puentes de comunicación entre el gobierno y la delincuencia organizada si existen y cada sexenio se definen ciertas “reglas” que redefinen límites de acción. Se trata de un tipo de contubernio vinculante entre poder económico y poder político que los fortalece y les facilita la obtención de recursos. Pero los bandidos no tienen palabra, saben que cada seis años hay renovaciones de las autoridades federales y estatales y, por lo mismo, van fortaleciendo su imperio del mal. Cada sucesión es un vacío de poder y ahí es cuando se rompen los equilibrios y los criminales ensanchan sus espacios de maniobrabilidad.
Decir que el actual gobierno es el brazo político del crimen organizado es una acusación temeraria y algo peor, es aceptar desde las tribunas legislativas y desde la oposición que vamos para atrás, que cada día el gobierno pierde autoridad, que la cultura de la denuncia es en vano, que la legalidad sólo está en el papel, que de nada sirven las leyes o legislar nuevas porque no serán instrumentadas desde el poder Ejecutivo. En otras palabras, de ser cierta la conclusión de que el actual gobierno es ejecutor de mandatos criminales, significa el asesinato del futuro porque la prestación de los servicios públicos estará subordinada y condicionada a sobre impuestos y a favoritismos de carácter mafioso-partidista.
No se trata de plantear en abstracto la necesidad de una nueva Constitución o decir que es necesario renovar el pacto social. Ese planteamiento, además de que requiere mucho tiempo, no solucionará el desafío que vivimos en el presente. Se requiere implementar las leyes actuales sin titubeos, de ser pragmáticos, de fortalecer la vida institucional y sobre todo, reconocer que el Estado no debe compartir el poder con el crimen organizado porque terminará indefectiblemente en una lucha intestina en la que los que más vamos a perder somos los ciudadanos.
