La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) han sido inactivas para investigar diversos delitos ambientales cometidos en torno a la construcción del Tren Maya, lo que podría hacerlos “responsables administrativa y penalmente por el delito de omisión”. denunció el abogado y defensor de derechos humanos, Francisco Javier Torres Landa”.
“Estamos ante la presencia, evidente y confesa, de delitos contra el medio ambiente. Esos delitos están a la vista de todos porque no se presentaron las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA’s), porque se devastó el medio ambiente sin autorización alguna y porque no se acataron determinadas instrucciones, (por lo que) hay una comisión de delitos”, dijo.
En ese sentido explicó que la ley señala que son la Semarnat y la Profepa las que “tendrían que denunciar para actuar inmediatamente y que el Ministerio Público Federal llegara a imponer sanciones, consecuencias como compensación del daño, suspensión o la prohibición de construcciones, nada de eso está sucediendo”.
“Hay un artículo fundamental en este análisis (de las agravantes adicionales), el 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que cuando hay un proceso de autorización para cambio de uso de suelo, que es lo que solicitaron en este caso, en ningún caso se podría dar esa autorización si es que la pérdida de cobertura forestal fue resultado de, entre otras cosas, tala o desmonte”, añadió.
Por ello es que aseguró que las impugnaciones que las autoridades han realizado sobre el freno a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, como la que se dio a conocer ayer por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), no podrían aplicarse, pues la ley señala que cuando el cambio de cobertura forestal se dé por tala o desmonte deben pasar 20 años.
“La pregunta es entonces, si las autoridades administrativas, particularmente las ambientales como la Semarnat y Profepa cumplirán su misión. Hoy esa misión no se está cumpliendo porque parece que desaparecieron […] Lo único que tenemos que pensar es que si lamentablemente su omisión genera mayores daños hay que señalarles: ellos van a ser responsables administrativa y penalmente por omisión”, señaló.
“Afortunadamente por iniciativa de varios ciudadanos, ha habido demandas y resoluciones por parte de jueces federales que, primero en forma provisional y después en forma definitiva, han parado la obra hasta donde está porque lo que han devastado es difícil repararlo.
Los jueces están actuando, les pedimos por favor que no se dobleguen a la presión que sabemos se está ejerciendo desde Palacio Nacional. Su obligación es responder al mandato constitucional, asegurar que los derechos humanos que están ahí consagrados y que están hechos valer en las demandas de amparo, por ningún motivo se pueden violar”, señaló.
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