Organizaciones en pro de los Derechos Humanos urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver una controversia impuesta desde el 2019 a fin de advertir sobre los riesgos que acarrea el despliegue de la Guardia Nacional en tareas migratorias.
El recurso promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad.
En específico, por “los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional».
Al respecto, las organizaciones también le brindaron información a la SCJN sobre las vejaciones que sufrieron las personas migrantes por parte de elementos de seguridad.
De esta manera, dijeron en su desplegado en conjunto, tiene como propósito acelerar la resolución de la SCJN que, a tres años de recibir la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, sigue sin emitir un fallo.
“La acción de inconstitucionalidad 62/2019 fue promovida desde julio de 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al señalar que diversas disposiciones de la referida Ley son contrarias a los derechos humanos; sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla”, acusaron.
Al coincidir también con el tercer aniversario del despliegue de los elementos adscritos a la Guardia, las organizaciones de derechos humanos advirtieron que es urgente resolver al respecto, pues se han registrado constantes violaciones, principalmente en la frontera sur.
“En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias”.
En este contexto, dijeron, al concebir a la Guardia Nacional como un cuerpo militar, con más del 80 por ciento de sus elementos provenientes del Ejército y la Marina, las organizaciones pidieron que la SCJN declare inconstitucional que este cuerpo se desempeñe en materia migratoria.