Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Dos reveses en una sesión. Y otro por separado.
Y si el recipiendario sigue de pie, es porque está sostenido con alfileres.
Pudiera ser un caso casi aislado. Sin embargo, la decisión unánime de los 5 ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bien podría provocar una crisis política de consecuencias no descubiertas.
Por la claridad del tema, es fácil de entender. Por lo menos para quienes no tenemos fuero legislativo y en especial, los diputados.
La Corte invalidó, si leyó bien, invalidó el decreto que recortó el presupuesto para el INE en el ejercicio fiscal 2022.
“Se declara la invalidez del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2022 en lo concerniente al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral, anexos 1 y 32 en el ramo 22, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021”, estableció el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá que fue apoyado por todos sus compañeros.
Las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ponente,
Juan Luis González Alcántara Carrancá, vitaron por unanimidad la invalidación.
¿Qué significa?
Que los diputados de Morena y aliados -PTVE y PT-, que avalaron el Presupuesto de Egresos de la Federación contra el voto de las oposiciones, tendrán 30 días naturales, a partir de la fecha de notificación, para que la Cámara de Diputados analice y determine en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto de egresos del INE para el ejercicio fiscal 2022.
La interpretación es que la Cámara deberá reponer lo que le quitó al INE, algo insólito. Dirán los legisladores que sus decisiones son tomadas dentro del marco legal y la autonomía y separación de los Poderes de la Unión. Perderán la discusión jurídica.
El otro revés para el Gobierno de la “austeridad franciscana” es sobreseimiento de la presente controversia constitucional los anexos 23.8 y sus correlativos, en su artículo 13, referente a los límites de la percepción ordinaria total del INE, remuneración total anual de la máxima representación del organismo, del Consejero Presidente y del Secretario Ejecutivo, por lo que dichos apartados quedarán fuera de la discusión.
Esto es: los consejeros mantendrán sus salarios pese a la “estricta orden” de que ningún servidor público puede ganar un salario mayor al del presidente de la República.
En este caso se entiende que los y las ministras defienden sus ingresos, los más altos de la administración pública.
Y carpetazo.
El otro derechazo a la mandíbula lo otorgó el juez El juez Adrián Novelo, Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, concedió la suspensión definitiva de la construcción del tramo 5 entre Tulum y Playa del Carmen, lo que impide avanzar en los trabajos.
Esta decisión irritó al presidente López, quien anunció que combatirá el amparo en otras instalas del Pode Judicial de la Federación.
Se observa difícil, no imposible, revertir la decisión del juzgador, quien actuó apegado a derecho y obliga a Fonatur, ente responsable de la construcción del Tren Maya, a cumplir con las normatividades ambientales.
Corresponderá a un Tribunal Colegiado, si es que se impugna la sentencia, revisar las argumentaciones y ratificar o rectificar el amparo concedido.
Por lo pronto, el Poder Judicial va 3-0 en este partido.
La remontada no es fácil. Las herramientas con que cuenta la Presidencia de la República -espionaje, entre otras- pueden encontrar elementos para presionar a los magistrados.
Para que ello ocurra podrían pasar semanas y hasta meses. El asunto no puede ser considerado de “urgente resolución”, como dirían los congresistas.
A ver hasta dónde se mantiene la independencia del Poder Judicial de la Federación. Es prueba y de fuego.
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