.Consejeros electorales advirtieron de la resistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) información que resulta esencial para investigar presuntos delitos graves como financiamiento ilícito a partidos y candidatos.
Por tal motivo, se puntualizó durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE, continúa pendiente la resolución y eventual sanción por eventual gasto electoral irregular vinculado a casos como Odebrecht (sobornos en Petróleos Mexicanos), Estafa Maestra (desvío de recursos públicos); Pío López Obrador (presunto uso de recursos para proselitismo no reportados) y, recientemente, eventos de Movimiento Ciudadano no reportados en Baja California.
El consejero Jaime Rivera, presidente de la comisión de Fiscalización, puntualizó que de 2016 a 2022 la Unidad de Fiscalización hay 350 procedimientos, así como sanciones en trámite y tres acatamientos pendientes de presentar ante el consejo general.
La consejera Carla Humphrey señaló que la FGR “ha presentado grandes resistencias y a la fecha continúa negando a esta autoridad acceso a la información que resulta esencial”.
Esta situación se ha visto agravada por el hecho de que la FGR controvirtió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenaba entregar la información.
Sin embargo, agregó, de manera inusual y preocupante – toda vez que las resoluciones del TEPJF son definitivas e inatacables- la Corte determinó suspender las sentencias del Tribunal para que no se entregue la información, bajo el argumento de que se pone en riesgo la protección de los sujetos involucrados en las indagatorias.
El INE impugnó lo anterior pero hasta la fecha no ha habido resolución alguna, mientras que los asuntos pendientes continúan en esa condición, algunos que iniciaron desde 2014.
El consejero Ciro Murayama puntualizó que el INE no está pidiendo que se revele públicamente información que aún está en investigación, sino los datos para analizarla con el debido resguardo y determinar si en materia administrativa hay alguna falta.
