Después de meses y mediante el Acuerdo Presidencial, con la “autorización provisional”, la tarde de hoy fue presentada la petición de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el polémico Tramo 5 Sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, fue ingresada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la evaluación del proyecto.
De esta manera, la recepción de la MIA-R en su modalidad regional se realizó ayer en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) instancia competente con facultades y atribuciones para su evaluación.
Además, debido a que aún no se encuentra en proceso la integración del expediente y aun no inicia propiamente el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), el resumen ejecutivo y la propia MIA no han sido puestos a disposición pública.
De acuerdo con información de Excélsior, el expediente con número 23QR2022V0020, que todavía no tiene acceso al público, ingresó el 17 de mayo de 2022 e inmediatamente se envió al área correspondiente, se entregó al responsable del sector y se integró el expediente, lo que regularmente toma al menos un par de semanas.
El Tramo 5 del Tren Maya sólo cuenta hasta ahora con una “autorización provisional” otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Semarnat, invocando el llamado “decretazo” del 22 de noviembre de 2021, que declara las obras del Gobierno de México como “de interés público y seguridad nacional”.
El pasado 1 de abril, se dio a conocer que con un simple oficio de la DGIRA, la Semarnat avaló el 7 de diciembre de 2020 estas polémicas obras que cruzan por selva virgen sobre un delicado sistema de cuevas, cavernas y cenotes que abastecen de agua dulce al Gran Acuífero Maya.
De esta forma, Fonatur se libró de presentar a revisión y análisis estudios de impacto ambiental, programa de mitigación, plan de rescate de flora y fauna, así como la solicitud para el cambio de uso de suelo en terrenos con vocación forestal.
Según el Acuerdo Presidencial, con la “autorización provisional”, el promovente del Tramo 5, tiene hasta 12 meses para presentar la MIA y los estudios complementarios a evaluación de la Semarnat.
